A continuación presentamos el documento de presentación de por qué y cómo proponemos construir un Observatorio basado en el diálogo social y el desarrollo prospectivo de nuestro sector.

En los últimos 30 años la industria informática argentina ha transitado por dos períodos bien diferenciados. En la década del 90 se sentaron las bases y la infraestructura que permitió aprovechar las condiciones existentes para un primer desarrollo del sector en términos de industria, mayormente protagonizado por PyMES y unas pocas grandes que ya se encontraban operando en el país.

En ese contexto, y ante la fusión de la Cámara de Empresas de Software (CES) y la Cámara Empresaria de Servicios de Computación (CAESCO) nació en 1990 la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI). En esa misma época, las y los trabajadores comenzamos a organizarnos ante la falta de representación sindical con la especificidad necesaria de un sector nuevo y pujante, por lo que en 1992 se creó la Asociación Gremial de Computación (AGC).

Esa década transcurrió con grandes novedades que comenzaron con los primeros navegadores y buscadores web, hasta el nacimiento de las primeras puntocom argentinas, justo antes del primer gran quiebre histórico marcado por la muerte del mito Y2K y la inmediata explosión global de la burbuja de las mencionadas puntocom.

A partir de allí, y atravesando la profunda crisis socioeconómica del 2001, nació una nueva etapa de desarrollo sectorial que se ha extendido hasta hoy. La fecha que podría señalarse como fundante fue el año 2004 cuando, a instancias del Estado, las empresas y la academia se implementara la Ley de Promoción de la Industria del Software, que ha logrado un formidable e ininterrumpido impulso, contando con un consenso poco frecuente entre todas las fuerzas políticas. Así, la industria informática argentina ha experimentado un importante y perdurable crecimiento.

Este es un hecho sin dudas encomiable: un primer paso para conformar una industria fuerte, fomentarla y facilitar la formación del ecosistema del sector TI en la Argentina, que ha mostrado un notorio éxito, incluso a nivel regional.

Nótese que, a pesar de estar presentes desde los comienzos, hasta el momento nunca se ha incluido la voz de los trabajadores en la toma de decisiones, ni para el desarrollo sectorial, ni para la formación profesional de los verdaderos portadores del conocimiento, las y los trabajadores.

Las condiciones actuales permiten divisar un segundo quiebre histórico mucho más globalizado que el anterior: el aumento de la demanda de productos y servicios informáticos que se ha disparado por la pandemia de covid-19, la devaluación del peso frente al dólar en los últimos años, la brecha cambiaria actual, la escasez de trabajadores calificados y la disponibilidad de herramientas para trabajar en forma remota han tornado la competencia por retener trabajadores informáticos en una tarea compleja para cualquier PyME local que no tenga sus ventas dolarizadas, echando por tierra cualquier esfuerzo de incentivo sectorial y dilapidando la inversiones públicas realizada durante mas de 15 años en forma directa, pero sobre todo la que se realiza en formación desde el sistema de educación formal en todos sus niveles y los aportes estatales para ese fin realizados a través de políticas públicas desde ministerios nacionales, provinciales y municipales.

Esos recursos, lejos de haber sido canalizados a PyMEs locales, han sido capturados por un puñado de grandes empresas extranjeras, o bien de origen argentino pero cuya residencia jurídica está en guaridas fiscales.

En un reciente informe elaborado por Gabriel Baum (LIFIA - UNLP), Nicolás Moncaut (IDAES-UNSAM/CONICET) y Verónica Robert (IDAES-UNSAM/CONICET) titulado “Extractivismo de conocimiento en el sector de Software y Servicios Informáticos”, quienes además de académicos han sido también protagonistas históricos de este crecimiento informático, señalan que:

“el éxito de Argentina en materia exportadora responde en gran medida al desarrollo de una estrategia sectorial consensuada entre el sector privado, el sector público y la academia (Moncaut et al., 2021)”. Y advierten: “este éxito exportador debe ser reevaluado a partir del tipo de inserción lograda y las oportunidades de up-grading” ya que “una estrategia focalizada en la generación de divisas puede conllevar algunas implicaciones negativas sobre el desarrollo de largo plazo del sector.” siendo “posible que se pierda la oportunidad de colocar a este sector tecnológico al servicio del desarrollo productivo y económico de la Argentina (Moncaut et al., 2021). [...]

El modelo exportador de servicios de software actual da lugar a una explotación de las capacidades productivas del sector (incluyendo a las empresas, trabajadores y sistema de formación) que erosiona, en lugar de promover, tales capacidades que, de hecho, fueron claves para llegar al estadio de desarrollo actual del sector en Argentina.[...]”

En la industria informática argentina y en todas las industrias comprendidas en la llamada “economía del conocimiento” venimos observando que la educación formal presenta, desde hace algunos años, ciertas limitaciones. En particular en cuanto a la cantidad de trabajadoras y trabajadores calificados, aunque no en cuanto a la calidad, sobre la cual existe un reconocimiento a nivel mundial que resulta uno de los motivos principales por los cuales el desarrollo tecnológico argentino ha sido tan vertiginoso.

Este señalamiento existe desde hace no menos de 15 años, en particular de parte de los empresarios del sector, quienes sostienen que la demanda laboral resulta insatisfecha y hay una vacante permanente de entre 5000 y 10.000 trabajadores anualmente.

Paradójicamente, han sido las propias empresas, a través de las cámaras que las representan, quienes han desarrollado gran parte de las capacitaciones complementarias al sistema educativo formal que, hasta el día de la fecha, no logró resultados significativos, profundizando año tras año la problemática que luego, ellos mismos vuelven a señalar, agravada por fenómenos nuevos, como la explosión pospandemia del trabajo freelance.

Más allá de considerar una distorsión el hecho de que las propias empresas diseñen y realicen la formación con financiamiento público, al hacer un análisis general de la situación lo cierto es que las últimas propuestas implementadas por las cámaras empresarias tienen un alto costo en relación con la empleabilidad que ellos mismos proveen. En algunos casos no ha pasado de una decena de puestos de trabajo, cuando la necesidad se cuenta por miles. Por tratarse de fondos públicos, amerita evaluar el sentido de esta dinámica.

En contraste, las universidades públicas y privadas como también institutos de larga trayectoria, informan niveles de empleabilidad en informática superiores al 95% de sus egresados. Sin embargo también reportan un preocupante éxodo de docentes como consecuencia de las condiciones macroeconómicas y la falta de políticas específicas de financiamiento para retener a estos profesionales de la educación, que resultan fundamentales para el desarrollo del sector en su conjunto.

Siendo una iniciativa del Estado se debe garantizar que los contenidos impartidos en este tipo de formación contribuyan al plan de carrera del trabajador, a mediano y largo plazo, y bajo ningún aspecto sólo cubrir necesidades inmediatas de la industria que no presenten solidez a largo plazo con necesidades de un país pujante en materia de industria de software y economía del conocimiento. Entendemos que en este tipo de iniciativas las cámaras empresarias deben formar parte del proyecto en la instancia final, requiriendo perfiles específicos y garantizando el acceso al trabajo, por lo que resulta llamativo que no se establezca transparencia en el modelo de financiación de la propuesta, como tampoco se encuentre explícito el compromiso de contratación por parte del empresariado argentino ante la demanda insatisfecha de personal, prestándose así a diversas especulaciones que empañan el objetivo principal de brindar oportunidades reales a potenciales trabajadores informáticos.

Además de no contar con los datos laborales reales que permitan evaluar las actuales iniciativas en formación informática -ya que las propias empresas no registran debidamente a los trabajadores que emplean, ni las tareas reales que ejecutan y mucho menos los salarios que pagan o las condiciones en las que se trabaja- podemos notar que en los diseños curriculares y la formulación de la propuesta pedagógica de las cámaras no se encuentran convocadas todas las instituciones trascendentes de la industria ni del sistema educativo. Ni los Consejos Profesionales de Ciencias Informáticas, ni las Universidades con carreras de informática, ni las instituciones de amplia experiencia y trayectoria dedicadas a la educación, formación profesional y continua, son parte actualmente de esta política pública. Pero principalmente faltan los sindicatos, únicas organizaciones que representan a las y los trabajadores.

Históricamente, la educación universitaria y la formación técnico profesional en la Argentina han demostrado ser el corazón de un modelo de país que busca el desarrollo mediante la producción y el trabajo por sobre los modelos especulativos. Esta realidad ha permitido formar industrias fuertes y sustentables con trabajadores altamente calificados cumpliendo profesionalmente los diversos roles en toda la cadena, incluidos los directivos, sin necesidad de recurrir a la importación de perfiles o a definiciones ampulosas como estrategia de mercadotecnia para denominar los roles ocupacionales.

Se vuelve necesario, entonces, que se amplíen los consensos y se incluya no sólo a los organismos del Estado adecuados sino además a las universidades e instituciones educativas mencionadas, a las y los trabajadores del sector informático representados por la Asociación Gremial de Computación (AGC) y al resto de los gremios de la EDC que pretendemos tomar la Formación Profesional con la seriedad que la reconversión laboral requiere. El alcance en la formación debe expandirse y redundar en una verdadera mejora del sector que impacte en las personas y su calidad de vida, dándole a los esfuerzos realizados por el conjunto del pueblo argentino y sus representantes estatales, empresarios y trabajadores un verdadero sentido de justicia social y desarrollo soberano, que se vuelque en todo el entramado productivo e involucre activamente al sistema científico-tecnológico.

Junto a las empresas y bajo la tutela del Estado, son los sindicatos quienes deben confeccionar, ordenar y mejorar el mapa ocupacional. Herramienta fundamental y fundacional para poder establecer formalmente los roles y las competencias laborales con sus debidas certificaciones, que devengan en los diseños curriculares y las trayectorias educativas que el sector necesita. En el contexto actual y específicamente para la actividad informática, este mapa y sus roles deben adaptarse constantemente a los cambios que experimenta el sector sin perder la claridad en la definición de las tareas y las competencias necesarias. Resulta también imprescindible contar con un convenio colectivo de trabajo sectorial moderno y dinámico que garantice el bienestar laboral para el desarrollo personal de cada trabajador y que impacte positivamente en la industria informática nacional.

El mundo enfrenta en estos momentos diversas crisis que debe resolver de cara a un desarrollo sostenible centrado en las personas. La Argentina en particular debe sumarle a las crisis globales, la específica crisis socioeconómica que arrastra desde antes de la pandemia. Como señala el “Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas” emitido recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

“La crisis ha perturbado profundamente la educación, la formación y el empleo de los jóvenes, para quienes es aún más difícil encontrar trabajo, realizar con éxito la transición de la educación y la formación al trabajo, continuar su educación o desarrollar actividades empresariales, por lo que corren el riesgo de ver reducidas sus posibilidades de aumento del nivel salarial y de promoción profesional a lo largo de su vida laboral.

Sin una acción concertada de los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y la comunidad internacional, estos efectos diferenciales se dejarán sentir mucho después del fin de la pandemia y tendrán profundas repercusiones en la consecución de la justicia social y el trabajo decente para todos, incluido el empleo pleno, productivo y libremente elegido, y revertirán todavía más los logros y socavarán los progresos hacia la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).”

El diálogo social basado en el respeto de la libertad sindical y en el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva desempeña un papel primordial en el establecimiento de políticas de educación y en relación con las condiciones de trabajo del personal de la enseñanza.

Por todo lo expuesto y entendiendo que vivimos actualmente una nueva etapa de desarrollo de la industria informática argentina, convocamos a todas las instituciones que representan a trabajadores, empresas, Estado, academia, formación de todos los niveles y capacitación en general, a adherir a esta propuesta y conformar el OBSERVATORIO DEL TRABAJO INFORMÁTICO que tendrá como primer objetivo realizar un relevamiento exhaustivo de la actualidad de la industria, permitiendo así proponer y consensuar acciones de desarrollo sectorial a corto, mediano y largo plazo y como objetivo principal definir un mapa ocupacional, esto es: delimitar con claridad los roles y las competencias laborales, las certificaciones que correspondan, y los diseños curriculares y las trayectorias educativas propias de la industria.

Un observatorio que permita medir el impacto real de las acciones de formación vigentes, sirviendo esto como insumo para el diseño e implementación de nuevas estrategias innovadoras e inclusivas, centradas en el desarrollo personal de las y los trabajadores, verdaderos protagonistas del conocimiento y abandonando la mirada de los trabajadores como “recursos” o “talentos” y la educación como mercancía.

Un observatorio que plantee nuevos modelos de formación interinstitucionales con un sentido escalable y sustentable que resuelva la situación actual y futura en cuanto a los perfiles de trabajadores necesarios para el sector y lo demandado en el resto de las actividades que se encuentran en plena transformación digital.

Un observatorio que brinde datos estadísticos abiertos y anonimizados permitiendo optimizar la inversión pública con un correcto direccionamiento de recursos, como así también aportando la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas de cara al futuro.

Un observatorio que genere los ámbitos de discusión y el avance de propuestas consensuadas buscando resolver los desafíos proyectados, pero también las problemáticas coyunturales como la actual “fuga de talentos” en manos de empresas radicadas en el exterior, o peor aún, en guaridas fiscales, que impactan negativamente en toda la cadena de valor local y, por consiguiente, en las exportaciones reales del sector.

Un observatorio que, retomando el espíritu de la Universidad Obrera Nacional, tenga como principal objetivo la formación profesional de la clase trabajadora para su ascenso social y para el bienestar general de nuestro país.

Acompañan

• Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
   ◦ Facultad Regional Buenos Aires
• Confederación General del Trabajo (CGT)
   ◦ Secretaría de Capacitación y Formación Profesional
• Asociación de Docentes de Informática y Computación RA (ADICRA)
• Consejo Profesional de Ciencias Informáticas CABA (CPCI)
• Consejo Profesional de Ciencias Informáticas Provincia de Buenos Aires (CPCIBA).
• Fundación UOCRA