El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento
como política pública del Estado argentino1
Ramiro Varela2
Director de Programas de Investigación del Honorable Senado de la Nación. Fue Subdirector de Integración Parlamentaria de la Dirección de Servicios Digitales Parlamentarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación entre 2014 y 2015. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó la Maestría en Antropología Social en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Desempeñó el cargo de profesor adjunto de la cátedra de Teoría Antropológica en la Licenciatura en Tratamiento Penitenciario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora entre 2019 y 2020.
El presente trabajo se propone analizar el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento en tanto política pública instrumentada por el Estado argentino a partir de la sanción de la Ley 27.506 (y de su modificatoria, la Ley 27.570). El mismo se encuentra estructurado en cuatro apartados.
En el primero de ellos, haremos un recorte focalizado del vasto marco conceptual que nos proporcionan Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell para pensar las políticas públicas. En el segundo, presentaremos de modo general el contexto en el que se sitúa nuestro objeto de estudio. En el tercero, caracterizaremos en forma detallada a los diferentes actores y procesos sociales que intervienen en la formulación y ejecución de la política pública que nos ocupa. Finalmente, en el cuarto apartado haremos una breve recapitulación de los aspectos más relevantes de nuestro abordaje.
LA POLÍTICA PÚBLICA
Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell definen a la política estatal (o pública) como un “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil” (Oszlak y O’Donnell 1981: 14). En este mismo sentido, los autores señalan que las “cuestiones” son aquellas “necesidades y demandas” que son “socialmente problematizadas” (p. 12), razón por la cual son incorporadas a la agenda de la discusión pública.
Estas cuestiones atraviesan un determinado “ciclo vital” que comienza con su problematización y que se extiende hasta su resolución. En ese trayecto, los actores interesados van adoptando diferentes posiciones al interior de la “arena política” en relación al asunto planteado, incidiendo así en la configuración del mapa de relaciones sociales en un momento dado.
En este escenario, la posición estatal -que “no tiene por qué ser unívoca, homogénea ni permanente”, afirman los autores- se traduce en una política pública compuesta por un conjunto de medidas, simultáneas o sucesivas, adoptadas por distintas unidades estatales -las cuales a veces pueden resultar “inconsistentes o conflictivas entre sí”- y que dan cuenta de una posición “predominante” del Estado en relación a la cuestión planteada.
Oszlak y O’Donnell hacen especial hincapié en “el carácter negociado o abiertamente conflictivo que frecuentemente asumen las tomas de posición del Estado frente a una cuestión” y afirman que el “conflicto de políticas” se da en gran medida como consecuencia del “variable grado de autonomía” que pueden mantener las distintas unidades estatales intervinientes (pp. 14 y 15). Así, las decisiones adoptadas por los distintos organismos públicos se presentan como “nudos” (p. 16) de un proceso social que a su vez inciden en la forma y el contenido de las tomas de posición que asumen los otros actores con los que el Estado interactúa.
Parte de este mismo proceso es la “definición social” de la cuestión. En el caso que nos ocupa, la misma podría plantearse en términos de la necesidad de promover la economía del conocimiento, es decir aquel “conjunto de actividades productivas que utilizan la información y los avances derivados de la ciencia y la tecnología para generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios, que pueden ser aprovechados por todas las ramas de la producción y mejoran la calidad de vida de las personas”.3
CONTEXTO GLOBAL
Oszlak y O’Donnell entienden al contexto como “un conjunto de factores extrínsecos al objeto más específico de investigación ("políticas estatales") que es indispensable para la comprensión, descripción y explicación de aquel objeto y sus efectos sobre otras variables”. (p. 21) y distinguen tres niveles.
El primero, considerado por los autores como insuficiente, refiere a las tomas de posición por parte del Estado y de los demás actores sociales en relación a una cuestión. El segundo nivel de contexto es el de la agenda de las cuestiones, el cual refiere a la ponderación de aquellos asuntos que son problematizados por la sociedad y reconocidos por el Estado. El tercer y último nivel es el de la estructura social en tanto contexto global de dicha agenda. De este modo, el contexto -dicen los autores- no se trata de algo “que está ahí” sino de una construcción analítica del investigador que le permite situar el objeto de estudio.
Para el abordaje de nuestro caso, el nivel de análisis más general nos permite observar cómo el proyecto neoliberal que nació en Inglaterra y en Estados Unidos a finales de los años 70 y principios de los 80, se propagó de la mano de los estados burocrático-autoritarios (O'Donnell 1975) encarnados en las sangrientas dictaduras latinoamericanas y terminó por afianzarse en nuestro país durante la década del ‘90, impulsó una radical transformación de la matriz económica y productiva a escala mundial, motorizando un viraje del modelo basado en el desarrollo industrial hacia otro muy distinto, centrado en la economía de servicios y en un patrón de acumulación con el eje puesto en la valorización financiera.
La transnacionalización económica y el vertiginoso salto tecnológico que protagonizó la humanidad entre fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI - en especial, a partir de la expansión acelerada de Internet- abonaron el terreno para el surgimiento de un novedoso y complejo proceso sociocultural como fue la globalización, en el que las TICs cobraron un rol protagónico. Este marco generó a su vez las condiciones de posibilidad para el surgimiento de una nueva rama de la economía: la knowledge economy o “economía del conocimiento”.
Este sector se desarrolló de un modo exponencial durante los últimos años, consolidándose como el principal creador de valor en el mundo. El alcance de su crecimiento queda evidenciado al comparar la primera y la última edición del ranking de la Revista Forbes en el que se listan las principales fortunas del planeta. En su primera versión, la de 1987, nos encontramos con que los diez primeros puestos estaban ocupados por propietarios de firmas dedicadas a la construcción, al retail o comercio minorista y al negocio petrolero, en su mayoría (5) de origen japonés, seguidas en cantidad por las de procedencia canadiense (2), sueca (1), estadounidense (1) y de Alemania Occidental (1). 4
En cambio, si observamos la versión publicada en 20215, veremos que en las diez principales posiciones están ubicados los dueños de grandes empresas del rubro tecnológico -en particular, de Internet, desarrollo de software y telecomunicaciones- con una fuerte concentración en los Estados Unidos, donde están radicadas ocho de estas diez compañías:
- Jeff Bezos (Amazon, Estados Unidos)
- Elon Musk (Tesla, Estados Unidos)
- Bernard Arnault (LVMH, Francia)
- Bill Gates (Microsoft, Estados Unidos)
- Mark Zuckerberg (Facebook, Estados Unidos)
- Warren Buffet (Berkshire Hathaway, Estados Unidos)
- Larry Ellison (Oracle, Estados Unidos)
- Larry Page (Google, Estados Unidos)
- Sergey Brin (Google, Estados Unidos)
- Mukesh Ambani (Reliance, India)
A su vez, las cinco principales firmas tecnológicas a nivel mundial como son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook, tuvieron una evolución en su capitalización que alcanzó el 100% en el período comprendido entre los años 2007 y 2021.
En Latinoamérica, este segmento es actualmente liderado por Brasil, con un total de veinte grandes compañías; seguido por Argentina, que hoy cuenta con once de los llamados “unicornios”: aquellas empresas del sector tecnológico que logran superar los US$1000 millones de valoración de mercado.
4. ACTORES y PROCESOS
4.1 El sector privado
Hasta 2019, en nuestro país solamente cuatro firmas formaban parte del selecto grupo de los unicornios: Mercado Libre, Globant, Despegar y OLX. Ese año se sumó una quinta: Auth0, dedicada a la ciberseguridad y a la autenticación de registros. Ya en 2021, se alcanzó el total actual con la incorporación de Aleph, Bitfarms, Mural, TiendaNube, Ualá y Vercel. En conjunto, estas compañías alcanzan un valor total de mercado que supera los US$120 mil millones. Más del 70% de esta cifra lo concentra Mercado Libre, cuyo fundador y CEO, Marcos Galperín, ostenta la principal fortuna de Argentina -con US$3.900 millones- según el ranking 2022 de la edición local de la Revista Forbes6.
A continuación, ofreceremos una breve descripción de cada uno de estas empresas y de su posición consolidada al interior del mercado local:
Mercado Libre: Es la principal empresa de comercio electrónico en Argentina y Latinoamérica. Creada en agosto de 1999, cotiza en el Nasdaq desde 2007 y su valoración de mercado hoy supera los US$87.000 millones.
Globant: Compañía líder en el rubro de ingeniería de software y desarrollo tecnológico. Está valuada en US$12.000 millones y desde el año 2014 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Atiende grandes cuentas como Coca Cola, Google y Linkedin.
OLX: Otra empresa del segmento eCommerce con presencia en más de 80 países. Fue fundada en 2006 por Alex Oxenford y se calcula que su valor de mercado actualmente alcanza los US$5.000 millones.
Despegar: Fundada en 1999 por Roberto Souviron, esta agencia de viajes opera en forma digital en veinte países. Durante la pandemia de COVID-19, su valuación de mercado descendió a US$800 millones, perdiendo temporalmente la condición de “unicornio”.
Auth0: Esta empresa de ciberseguridad y validación de registros de usuarios web fue fundada en 2013 por Eugenio Pace y Matías Woloski. Su cartera está compuesta por clientes como Mercado Libre, Siemens, News Corp, Naranja, Latam Airlines, Aerolíneas Argentinas y TV Azteca. En el año 2021 fue adquirida por US$6.500 millones por su principal competidor, la compañía norteamericana Okta.
TiendaNube: Se trata de una plataforma de eCommerce donde las empresas diseñan y alojan sus propias tiendas virtuales. Fue fundada en 2011 y diez años después se convirtió en unicornio al recibir una inversión de US$500 millones. En la actualidad, su valuación supera los US$3.000 millones.
Ualá: Fintech creada en 2017 por Pierpaolo Barbieri, ofrece soluciones de cobro para comercios. En 2021, recibió una inversión de US$350 millones, alcanzando una valuación de mercado de US$2.450 millones. Opera en Argentina y en México, país en el que su cartera ya superó las 200.000 cuentas.
Aleph: Agencia de publicidad digital y marketing online basado en inteligencia artificial. Creada en 2005 por Gastón Taratuta, opera en 90 países y su valoración es de US$2.000 millones. Entre sus inversores, se encuentra Mercado Libre, que en 2021 adquirió una participación de US$25 millones.
Mural: Desarrolla herramientas y soluciones tecnológicas para trabajo remoto. Se fundó en 2011 y durante la pandemia alcanzó una valuación de mercado por encima de los US$2.000 millones.
Bitfarms: Compañía dedicada al blockchain o minado de criptomonedas desde 2017. Cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York y su valoración alcanza los US$1.000 millones.
Vercel: Empresa de desarrollo de software de código abierto para sitios web y aplicaciones móviles fundada en 2015 por Guillermo Rauch. Su cartera incluye clientes como Apple, Adidas, Facebook, Marvel, Mc Donald´s, Nike, TikTok, Twitch, Washington Post y Uber. En julio de 2021 alcanzó la condición de “unicornio” al recibir una inversión de US$102 millones.
Como contrapartida, el ecosistema de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mucho más amplio y heterogéneo en su composición, requiere de una mayor intervención del Estado para garantizar cierta equidad en las reglas de juego y así tratar de balancear el proceso de fuerte concentración de capital que -al igual que ocurre en otras ramas de la producción nacional- atraviesa el sector de los servicios basados en la economía del conocimiento, donde la inversión extranjera queda en unas pocas manos.
Más adelante veremos cómo el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento viene a dar respuestas a las demandas provenientes de este universo, principalmente a través del otorgamiento de beneficios fiscales y de fondos para el financiamiento de acciones destinadas a promover la innovación y el desarrollo con el objetivo de incrementar el flujo de exportaciones, estimulando el desarrollo local y alentando la generación de empleo.
Finalmente, cabe destacar que las entidades empresarias más importantes vinculadas a la economía del conocimiento son la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI), integrada por Mercado Libre, Globant y Despegar, y la Cámara Argentina de Internet (ex CABASE), de la que también forma parte Mercado Libre junto a OLX. La empresa de Marcos Galperín y Despegar también tienen representación en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Por su parte, la Cámara Argentina de Fintech aglutina numerosas firmas del segmento de la tecnología financiera, entre las que se destaca Ualá. El escenario se completa con la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara Argentina de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales.
4.2 Los sindicatos
En el rubro de las TICs, tres organizaciones sindicales pugnaron históricamente por obtener la personería gremial, aspirando así a lograr la representación de los trabajadores y trabajadoras del sector: la Unión Informática, el Sindicato Único de Trabajadores Informáticos (SUTIRA) y la Asociación Gremial de Computación (AGC).
Fue finalmente ésta última la que, luego de 23 años de iniciado el trámite, el 29 de noviembre de 2018 obtuvo mediante la Resolución 239/2018 de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación “la Personería Gremial con carácter de asociación gremial de primer grado para agrupar a los trabajadores que desarrollen tareas de operador, programador, analista soporte técnico, desarrollo de sistemas, centro de cómputos, técnicos, con zona de actuación en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires”.7
No obstante, tan sólo tres semanas después, la medida adoptada por el secretario Jorge Triaca fue derogada por el entonces ministro Dante Sica. Como consecuencia, la AGC debió recurrir a la Justicia para dirimir el conflicto. El 16 de marzo de 2020, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 21, recaída en los autos “Asociación Gremial de Computación c/Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y otro s/Acción de Amparo” -Expediente Nº 11156/2019-, declarando la plena vigencia de la Personería Gremial otorgada. Finalmente, la Resolución 239/2918 fue publicada en el Boletín Oficial el 26 de agosto de 2020.
4.3 El Estado
Marco normativo
Oszlak y O’Donnell sostienen que, de la intervención del Estado en relación a una determinada cuestión a través de una política pública, “puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión” (p. 14). A continuación, detallaremos el origen y la evolución del marco regulatorio en el que se sitúa el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Ley del Software: un primer antecedente
El 18 de agosto de 2004, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.922 que disponía la creación del Régimen de Promoción de la Industria del Software y que comprendía actividades tales como el “diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicativo”.
La norma establecía la vigencia del régimen por un plazo de diez años y disponía una batería de beneficios para todas aquellas personas físicas y jurídicas que adhieran al mismo:
Bono de crédito fiscal intransferible de hasta el 70% de las contribuciones patronales
Desgravación 60% en el monto total del Impuesto a las Ganancias
Estabilidad fiscal por un plazo de diez años
Exclusión de las restricciones para el giro de divisas destinadas a las importaciones informáticas.
Financiamiento a través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) para proyectos de innovación y desarrollo, programas para la capacitación de recursos humanos, programas para la mejora en la calidad de los procesos y programas de asistencia para creación de nuevos emprendimientos.
La prórroga de este régimen fue aprobada por el Congreso el 27 de julio de 2011 mediante la Ley 26.692, estableciendo un nuevo plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. En líneas generales, se mantenían las condiciones establecidas por la Ley 25.922 y se introducían algunas modificaciones, entre las que se destacan:
Exclusión de las personas físicas, quedando alcanzadas únicamente las personas jurídicas.
La posibilidad de aplicar el bono de crédito fiscal originado en contribuciones patronales a la cancelación del Impuesto a las Ganancias, en igual proporción a las exportaciones declaradas.
En materia fiscal, los beneficiarios quedan exentos de retenciones.
El beneficio sobre el Impuesto a las Ganancias puede aplicarse únicamente a las actividades promovidas, tanto de origen nacional como extranjero.
Las empresas que al momento de su inscripción se encuentren en proceso de certificación para la obtención de alguna norma de calidad, tendrán un plazo de tres años para acreditarla.
Ley de Economía del Conocimiento
El 10 de junio de 2019, el Congreso sancionó la Ley 27.506 que creaba el nuevo Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento -con vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029- y que les permite a los beneficiarios de la Ley de Promoción de la Industria del Software continuar bajo este nuevo régimen con posterioridad al 31 de diciembre de 2019. No obstante, la norma sufrió algunas variaciones que quedaron finalmente plasmadas en el texto de su modificatoria, la Ley 27.570, sancionada el 25 de octubre de 2020.
El nuevo régimen amplía el alcance de su predecesor y, además de las actividades vinculadas al software y a los servicios informáticos, fomenta la expansión de otros rubros asociados como la producción audiovisual; el diseño; la biotecnología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética; los servicios geológicos y de prospección; la electrónica y las comunicaciones; los servicios arquitectónicos y de ingeniería; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital e ingeniería para la industria nuclear; entre otros. A continuación, se detallan algunos de sus aspectos más relevantes:
Crea el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento en el que deben inscribirse las personas jurídicas interesadas.
Mantiene la estabilidad fiscal por un plazo de diez años y el bono de crédito fiscal intransferible de hasta el 70% de las contribuciones patronales. Dicho bono podrá ser utilizado por el término de 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos e impuestos nacionales y sus anticipos, en particular del impuesto al valor agregado (IVA), a excepción del impuesto a las ganancias.
Dispone que, a modo de incentivo adicional, este beneficio pueda ascender al 80% de las contribuciones patronales cuando se incorporen: mujeres; personas travestís, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes de “zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo relativo”; y personas beneficiarias de planes sociales.
Determina que la desgravación del porcentaje del monto total del impuesto a las ganancias, se realizará según el siguiente esquema: 60% para micro y pequeñas empresas, 40% para empresas medianas y 20% para grandes empresas.
Exime de retenciones y percepciones del IVA a aquellos beneficiarios del régimen que efectúen operaciones de exportación.
Establece que los beneficiarios podrán considerar como gasto deducible en el impuesto a las ganancias el “monto equivalente a los gravámenes análogos efectivamente pagados o retenidos en el exterior, con motivo de los ingresos obtenidos en contraprestación”.
Crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), un fideicomiso de administración cuyo objeto es financiar actividades de capacitación y formación, brindar apoyo a las inversiones productivas, financiar capital de trabajo, promover el desarrollo de empresas ambientalmente sustentables, fomentar la inserción comercial de las empresas a escala internacional y alentar las actividades de innovación productiva. Establece como sujetos destinatarios de estas políticas a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los nuevos emprendimientos.
Designa como autoridad de aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento al Ministerio de Desarrollo Productivo, “quien podrá dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo”.
El Ministerio de Desarrollo Productivo: epicentro del proceso intraburocrático
La toma de posición por parte del Estado frente a una cuestión determinada y la consecuente implementación de una política pública generan un fenómeno de carácter doble. Por un lado, origina un “proceso intraburocrático” que encuentra su correlato en un “reajuste” que impacta en dos niveles: el horizontal, donde se produce una redefinición de las posiciones de cada una de las unidades estatales, y el vertical, que se traduce en “cristalizaciones institucionales” mediante la creación de nuevas estructuras burocráticas o la asignación de nuevas funciones a los aparatos existentes. Como contracara, se desarrolla un “proceso social”, que da lugar a un reacomodamiento de las posiciones de los actores que interactúan con el Estado.
En lo que refiere al nivel vertical del proceso intraburocrático, tal como señalamos anteriormente, la Ley 27.570 designa al Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) como autoridad de aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Esta cartera fue creada en diciembre de 2019 a través del Decreto N° 50/2019 que lleva la firma del Presidente Alberto Fernández. Dentro de su estructura y bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa (SIECyGCE), funciona la Subsecretaría de Economía del Conocimiento (SSEC), creada con los siguientes objetivos:
Impulsar la actualización y el uso de nuevas tecnologías tanto en las empresas de sectores tradicionales como en aquellas empresas ligadas a los sectores del conocimiento a fin de optimizar su competitividad.
Promover la incorporación al conjunto del entramado productivo de recursos humanos que posean las capacidades y habilidades acordes a los requerimientos del nuevo paradigma de la economía basada en el conocimiento.
Diseñar estrategias focalizadas para lograr acercar la innovación a pequeñas, medianas y grandes empresas considerando las especificidades de los distintos sectores de la economía de nuestro país.
Estimular el proceso de identificación, aplicación y transferencia de conocimiento hacia sectores productivos, en general y áreas estratégicas con potencial exportador, en particular, que fortalezcan las posibilidades de competitividad de las empresas.
Difundir y acercar a las empresas del territorio nacional instrumentos de apoyo y los beneficios definidos por la Jurisdicción para impulsar la incorporación de conocimiento e innovación en sus sistemas de producción.
Apoyar, en coordinación con otros organismos del Estado, mediante el esquema de innovación, la generación de proyectos de inversión público- privados para encarar nuevos desarrollos en áreas estratégicas.
Impulsar la generación y expansión de emprendimientos con alto contenido tecnológico -mediante estrategias de innovación abierta- que permitan generar empleo de calidad, el desarrollo de productos y/o servicios con valor agregado diferencial para potenciar el perfil exportador de nuestra economía.8
El organigrama de esta subsecretaría está compuesto por tres direcciones nacionales:
Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, integrada por la Dirección de Estrategias para la Economía del Conocimiento y la Dirección para la Generación de Nuevas Empresas de la Economía del Conocimiento;
Dirección Nacional del Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, de la que dependen la Dirección para la Federalización de la Innovación Productiva y la Dirección de Desarrollo de Capital Humano; y
Dirección Nacional de la Innovación Abierta, compuesta por la Dirección de la Innovación Abierta y la Dirección de Consolidación de Sectores Estratégicos.
La SIECyGCE diseñó una batería de programas orientados a promover las actividades que se enmarcan dentro el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, facultando a la SSEC a llevar a cabo todas aquellas acciones necesarias a los efectos de ponerlos en funcionamiento y de controlar la correcta ejecución de cada uno de ellos:
“Nodos de la Economía del Conocimiento”
Creado a partir de la Resolución N° 441/2021 -publicada en el Boletín Oficial el 20 de julio de 2021- “con el objetivo de promover la conformación y consolidación de agrupamientos de empresas e instituciones dedicadas a la producción de bienes y servicios de la Economía del Conocimiento que dinamicen, diversifiquen y fortalezcan las economías regionales de acuerdo al espíritu de Ley N° 27.506 y su modificatoria.”9, dicho programa dispone beneficios de hasta $20.000.000 en Aportes No Reembolsables (ANR) para proyectos que impulsen la innovación productiva y que contribuyan a dinamizar, diversificar y modernizar la matriz productiva regional con la finalidad de incrementar el flujo de exportaciones del sector.
El 15 de marzo de 2022 se lanzó una nueva convocatoria del programa a través de la Disposición 115/2022, duplicando el monto máximo de los ANRs -los cuales pueden alcanzar una cifra de hasta $40.000.000 por proyecto- y realizando una inversión total de $1.000.000.000 para promover el desarrollo de clústers, polos y parques tecnológicos en todas las provincias de nuestro país.
“Argentina Programa”
La ResoluciónN° 208/2021dispone su creación “con el objetivo de desarrollar programas de capacitación que faciliten la incorporación de recursos humanos en la industria del software y sectores afines”10. Se trata de una oferta de capacitación en programación gratuita, bajo la modalidad virtual y organizada en dos etapas:
Sé Programar, en el que se dictan los fundamentos básicos para aprender a programar.
Yo Programo, donde se profundizan los conocimientos y los beneficiarios se convierten en programadores web junior.
Los dos tramos cuentan con certificación conjunta del MDP y de la CESSI. La segunda etapa tiene además la certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
A su vez, quienes hayan completado las dos etapas pueden obtener la Tarjeta Argentina Programa para acceder a un ANR por un total de hasta $100.000: $90.000 para financiar la compra de una computadora y los $10.000 restantes para gastos de conectividad y de movilidad a través del transporte público.
“Fortalecer”
Mediante la ResoluciónN° 232/21, publicada en el Boletín Oficial el 14 de mayo de 2021, la SIECyGCE creó este programa, diseñado “con el objetivo de brindar asistencia financiera a empresas del ámbito de la economía del conocimiento para mejorar sus posibilidades de acceso al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la Ley N° 27.506 y su modificatoria”11.
La herramienta pone a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades encuadradas dentro el Régimen de referencia, ANRs de hasta $1.200.000 con el objetivo de promover la investigación, el desarrollo y la innovación; incrementar las exportaciones, desarrollar capacitaciones y garantizar la gestión de calidad.
La evaluación de los proyectos está a cargo de la Dirección Nacional del Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, que llevará adelante la calificación teniendo en cuenta el cumplimiento de ciertas condiciones como el impacto en las economías regionales y la inclusión laboral de mujeres y otros colectivos.
“Potenciar Economía del Conocimiento” (“Potenciar Satelital”)
Creado por la Resolución 309/21, con fecha 28 de mayo de 2021, este programa se propone “consolidar sectores estratégicos a través del financiamiento de Proyectos basados en Actividades de Economía del Conocimiento, que en su ejecución promuevan la creación de nuevos prototipos, productos y/o servicios destinados tanto al mercado local como al internacional, así como la modificación de procesos productivos y/o logísticos, la generación de plataformas tecnológicas, entre otras finalidades”12 orientadas a fortalecer al sector satelital.
El mismo está dirigido a personas jurídicas legalmente constituidas en la República Argentina o habilitadas para operar en territorio nacional. En particular, sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada; organizaciones de la sociedad civil; empresas estatales, sociedades del estado y de economía mixta; universidades y organismos o entes públicos no se encuentren bajo la órbita de la Administración Nacional, Provincial o Municipal centralizada.
“Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento”
A través de la Dirección de Desarrollo de Capital Humano que depende de la Dirección Nacional del Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, la SSEC ejecuta este programa creado por la ResoluciónN° 115/2020del 23 de julio de 2020, “con el objetivo de brindar asistencia financiera para promover el desarrollo, reactivación y/o reconversión productiva en Municipios de nuestro país a través del fortalecimiento de actividades de formación y capacitación para el trabajo en temáticas vinculadas a la Economía del Conocimiento a desarrollarse en conjunto con otros organismos públicos, entidades productivas, cámaras empresariales, clusters, polos tecnológicos, entidades educativas y laborales radicadas en el municipio y/o su ámbito de influencia con el fin de promover la empleabilidad de la población local”13.
Lanzado el 2 de julio de 2021, este programa ofrece ANRs de hasta $1.000.000 para el financiamiento de proyectos y está dirigido tanto a provincias como a ciudades, municipios, comunas, comunas rurales, sociedades de fomento, delegaciones, comisiones y comisionados municipales, juntas vecinales, juntas de gobierno y delegaciones comunales. En la segunda mitad de 2021 fueron 282 los gobiernos subnacionales que accedieron a este beneficio, en su gran mayoría municipios.
“Traccionar Economía del Conocimiento”
La Resolución 1144/2021del 23 de diciembre de 2021 dispone su creación “con el objeto de impulsar y traccionar la utilización de la Economía del Conocimiento a través de la resolución de Desafíos Tecnológicos de Personas Jurídicas de carácter Público o Mixto y promover la consolidación de Personas Jurídicas Privadas que generan Economía del Conocimiento a través del otorgamiento de ANRs, a proyectos que den una respuesta a los mismos”14.
El programa está destinado a empresas estatales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o sociedades del Estado, las cuales pueden presentar un desafío o una problemática cuya única resolución puede darse mediante la aplicación de actividades de la Economía del Conocimiento. Estos desafíos pueden consistir en el desarrollo de prototipos, la generación o mejora de nuevos productos, servicios y procesos productivos, y en la optimización de procesos logísticos. Las empresas privadas seleccionadas para dar respuesta a estos desafíos reciben ANRs de hasta $20.000.000.
“Innovación Abierta para Municipios”
De reciente creación, mediante la Resolución 88/22 publicada en el Boletín Oficial el 11 de febrero de 2022, este programa surge con el propósito de “resolver problemáticas de gestión comunes de los municipios de las diferentes provincias de la República Argentina, mediante procesos de Innovación abierta y la utilización de tecnología basada en la economía del conocimiento”15. A este beneficio, instrumentado por la SSE a través de la Dirección Nacional de la Innovación Abierta, pueden aplicar aquellas personas jurídicas como PyMEs, start ups (empresas de reciente creación), universidades, organizaciones de la sociedad civil y centros tecnológicos que presenten proyectos orientados a la resolución de estos desafíos.
El Ministerio de Trabajo: un caso de reajuste de posiciones
En el nivel horizontal del proceso intraburocrático, nos encontramos con que otras unidades estatales redefinieron sus posiciones en sintonía con el crecimiento sostenido de esta nueva rama de la economía. Es el caso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que debió actualizar su oferta formativa para dar respuestas a los nuevos desafíos y demandas que presenta el mercado laboral en el sector tecnológico. Así, aunque carece de competencia formal en lo referido al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, el MTEySS se constituye ipso facto como un “nudo” en la implementación de esta política pública.
A partir de la Resolución N° 569/2020 del 7 de julio de 2020, esta cartera creó la línea de “Formación basada en la Economía del Conocimiento” (FbEC). La misma se enmarca en el Plan de Formación Profesional y Continua, cuyo antecedente, el Plan de Formación Continua creado el 25 de abril de 2011 por la Resolución N° 434 del MTEySS, fue actualizado a través de la Resolución N°784 del 28 de septiembre de 2020 con el objeto de estructurar, sistematizar e impulsar programas, proyectos y acciones desarrolladas en el ámbito del MTEySS dirigidas a mejorar las competencias, habilidades y calificaciones de trabajadoras y trabajadores.
Entre los principales objetivos del Plan Nacional de Formación Profesional y Continua se destaca el “promover la formación y la actualización de las competencias profesionales de los trabajadores y de las trabajadoras durante toda su vida, particularmente las requeridas en el contexto de las innovaciones que configuran la sociedad del conocimiento”.16
En ese sentido, lo que se propone la línea de FbEC dentro del Plan de Formación Profesional y Continua es formar trabajadoras y trabajadores en habilidades, disciplinas y roles incluidos en la Economía del Conocimiento, requeridos y demandados por los distintos sectores de actividad económica, que permitan mejorar sus condiciones de acceso al mundo del trabajo. Sus acciones se direccionan a partir de tres ejes:
Inmersión a entornos tecnológicos: se propone contribuir a la reducción de la brecha digital mediante acciones de formación profesional que posibiliten la incorporación de habilidades relacionadas con la producción, organización y distribución de la información, y el uso de dispositivos y aplicaciones básicas, para el desempeño laboral en la sociedad de la información.
Habilidades en transformación: busca facilitar la incorporación de habilidades requeridas en ocupaciones que se ven impactadas por las innovaciones tecnológicas -propias de la Economía del Conocimiento-, para favorecer la readaptación de los procesos de trabajo y la reconversión de los perfiles laborales.
Formación 4.0: a través de cursos de formación profesional, promueve habilidades aplicadas al diseño, creación y desarrollo de innovaciones tecnológicas, que emergen producto de las transformaciones en el mundo de la producción y del trabajo, configurando nuevos perfiles laborales o introduciendo modificaciones significativas a los ya existentes.
Esta iniciativa se instrumenta a través de la formulación y ejecución de propuestas de formación profesional que parten de un diagnóstico donde se consideran las necesidades de la población destinataria, la relación entre la oferta formativa y los factores tecnológicos abordados, la pertinencia de la formación con las demandas del mundo del trabajo, el contexto socio-productivo y territorial donde se ejecutará la propuesta.
La oferta formativa que resulta del diagnóstico realizado, se compone de un esquema de cursos vinculados a la Economía del Conocimiento dentro de las tres acciones descriptas (Inmersión a Entornos Tecnológicos, Habilidades en transformación y Formación 4.0) y que se plasman en una “propuesta” que deberá ser aprobada por el Secretario de Empleo como autoridad del MTEySS. Debe incluir la cantidad de cursos por tipología que se prevé implementar, contenidos, modalidad de cursada, distribución de la carga horaria, distribución territorial.
A su vez, dado que se supone que las instituciones ejecutoras de las propuestas formativas requerirán de un refuerzo en su capacidad operativa para la implementación de las acciones que la propuesta requiere, la línea brinda asistencia técnica a las entidades participantes durante la etapa de formulación de las propuestas y asistencia técnica y financiera durante la etapa de ejecución.
El Plan Nacional de Formación Profesional y Continua en general, y la Línea de FbEC en particular, se ejecutan con la participación de distintos entes y organizaciones que tienen entre sus objetivos el desarrollo socio-laboral de trabajadores y trabajadoras:
Organismos y entes públicos estatales de nivel nacional, provincial y municipal.
Cámaras empresarias y empresas, en forma individual o asociada.
Asociaciones gremiales representativas de trabajadores;
Instituciones de Formación Profesional públicas o privadas;
Instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que tengan entre sus objetivos el desarrollo socio laboral de trabajadores,
Universidades nacionales o provinciales, públicas o privadas, o instituciones académicas de reconocida trayectoria.
Cooperativas.
La formación, un factor clave en el proceso social de interacción multiactoral
Las políticas de formación representan un eje central de la toma de posición del Estado en relación a la economía del conocimiento como política pública. Tres de los siete programas que instrumenta el MDP en este rubro abordan temáticas referidas a la capacitación, mientras que la principal herramienta del MTEySS para el sector está íntegramente orientada en esa dirección. Más allá de la importancia estratégica que reviste esta decisión política, la falta de coordinación entre las distintas unidades estatales representa un déficit que debe subsanarse en un futuro próximo.
Asimismo, la formación se presenta como una de las claves del proceso social en el cual el Estado interactúa tanto con los actores del sector privado como con aquellos pertenecientes al mundo del trabajo.
Como se señaló anteriormente, el MDP y la CESSI llevaron adelante un trabajo conjunto para certificar las ofertas formativas de “Argentina Programa”, que capacitaron a 60.000 jóvenes durante 2021. Cabe mencionar además que, en una reunión celebrada en febrero de 2022 en el marco del Acuerdo Económico y Social, las cámaras del sector le presentaron al gobierno nacional “un plan de expansión a 10 años con el que prevén crear más de 500.000 empleos, formales, de calidad, inclusivos y federales, y generar 10.000 millones de dólares de exportaciones”.17
Asimismo, existen otras iniciativas de articulación público-privada en este mismo sentido, como el convenio de cooperación celebrado en marzo de 2022 en la sede del MDP entre el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de la provincia de Catamarca y la firma Globant con el objetivo de “promover actividades educativas, de formación y capacitación que alienten el acceso de la comunidad a la industria de la tecnología en el marco de la Economía del Conocimiento”18.
Por su parte, en el marco del Plan Nacional de Formación Profesional y Continua, el junio de 2021, el MTEySS y la Asociación Gremial de Computación lanzaron de manera conjunta el Programa de Formación Profesional IT con cuatro ejes de abordaje: 1) Formación Profesional Básica; 2) Formación Profesional Avanzada; 3) Formación Digital y 4) Exploración Digital. Según consta en sus fundamentos:
La formación profesional en el área de la Economía del Conocimiento viene a cumplir un doble rol: por un lado continúa promocionando el desarrollo de la industria informática, sector en crecimiento y con una gran posibilidad de internacionalización de su producción. Por otro lado, aporta profesionales con conocimiento en tecnología que podrán ser soporte de la necesidad de digitalización de todos los sectores productivos en nuestro país.19
El cupo disponible para los primeros cursos gratuitos de Introducción Informática, Programación y Testing fue de mil vacantes cada uno, pero la respuesta superó cualquier tipo de expectativa y en total se recibieron más de 47.500 solicitudes de inscripción desde las 24 provincias del país.
Una mirada hacia el futuro
Desde la sanción de la Ley 27.570 en octubre de 2020 hasta agosto de 2021, se estima que el sector de la economía del conocimiento facturó US$115,5 millones, aportó $107.100 millones en inversiones y generó 6.000 nuevos empleos. La proyección de la SSEC hacia el final del Régimen, en diciembre de 2029, es alcanzar las 500.000 fuentes de trabajo y que el flujo de importaciones pase de 6.000 a 10.000 millones de pesos.20
Por su parte, en su discurso del 1 de marzo de 2022 ante la Asamblea Legislativa, con motivo de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente Alberto Fernández destacó la importancia del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento para la reactivación económica:
La industria del software no ha parado de crecer desde que iniciamos el gobierno. Hoy tiene más de 135.000 puestos de trabajo registrados, una cifra 17 % mayor a la de 2019 y récord histórico. Las 24 provincias incrementaron su empleo en software. Estamos apoyando al sector de la mano de la nueva Ley de Economía del Conocimiento y a través de la formación de programadoras y programadores.21
En este mismo sentido, el primer mandatario expresó:
Quiero agradecer a este Congreso el haber aprobado las Leyes de Financiamiento de la Ciencia y la de Economía del Conocimiento. Así podremos alcanzar en los próximos años una inversión de más del 1 % del PBI, lo que implica multiplicar por 4 el presupuesto actual. La segunda Ley garantizará que la inversión pública traccione también inversión privada en investigación y desarrollo.22
A su vez, el Jefe de Estado anunció el diseño de un plan fundado en “Nueve Misiones Industrializadoras”, una de las cuales se propone “digitalizar el sistema productivo nacional fortaleciendo nuestra Economía del Conocimiento”.23Se trata del Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico “Argentina Productiva 2030”, diseñado por el MDP con el objetivo de crear dos millones de empleos formales en el sector privado y sacar a nueve millones de personas de la pobreza.24
Tal como adelantara el propio Fernández, su Misión N° 6 tiene como objetivo general “incrementar las capacidades tecnológicas locales a partir de la digitalización de las empresas y de los hogares por medio del desarrollo de tecnologías nacionales en economía del conocimiento, industrias creativas e industria 4.0”.25
Asimismo, a través de sus otros ocho puntos, el plan impulsa una profunda transformación de la estructura productiva de nuestro país, incorporando las nuevas tecnologías de manera transversal en todas las ramas de la economía y capacitando de forma permanente a los trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de alcanzar un aumento de la productividad -acortando las brechas entre MiPyMEs y grandes empresas- y una disminución del impacto ambiental, cumpliendo así con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de París.
A estas 9 Misiones, se agrega una décima de alcance general, que proyecta duplicar las exportaciones totales en bienes y servicios, pasando de un flujo US$87.000 millones en 2021 a US$174.000 millones en 2030, con la finalidad de “hacer sostenibles las mejoras sociales y económicas”26y fomentar el ingreso genuino de divisas al país.
Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa se trata de un intento de planificación integral de mediano y largo plazo, que busca apartarse de la mirada compartimental propia de la lógica sectorial que caracterizó históricamente a la matriz productiva nacional y que, a todas luces, resulta anacrónica en el escenario actual.
5. CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la sanción de la Ley 27.506 -y de su modificatoria, la Ley 27.570-, el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento se constituyó como un eje estratégico de las políticas estatales en materia productiva, en el que la innovación y el desarrollo se presentan como generadores de valor agregado.
La posición “predominante” del Estado nacional en relación a esta política pública es detentada por la unidad que fue facultada por ley como su autoridad de aplicación: el Ministerio de Desarrollo Productivo, creado por Alberto Fernández en diciembre de 2019 a través del Decreto N° 50/2019, concretando lo que Oszlak y O’Donnell definen como una “cristalización institucional” que se produce en el “nivel vertical” del “proceso intraburocrático”.
A su vez, la nueva cartera le encomendó a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa el diseño y planificación de una serie de herramientas destinadas a fomentar las actividades de este segmento de la producción, asignándole a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento la responsabilidad de ponerlas en funcionamiento. En consecuencia, el área tiene a su cargo siete programas: “Nodos de la Economía del Conocimiento”, “Argentina Programa”, “Fortalecer”, “Potenciar Economía del Conocimiento” (o “Potenciar Satelital”), “Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento”, “Traccionar Economía del Conocimiento” e “Innovación Abierta para Municipios”.
No obstante, en el “nivel horizontal” del proceso, otras unidades estatales que no están formalmente enmarcadas en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento también tuvieron que “reajustar” sus posiciones en función del nuevo modelo productivo y se convirtieron de hecho en “nudos” de esta política pública. En este sentido avanzó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuando actualizó su oferta de capacitación a través de la línea de “Formación basada en la Economía del Conocimiento”, con el objetivo de satisfacer las necesidades que emanan del sector.
Asimismo, el Estado participa de un “proceso social” en el que interactúa, a través de sus diferentes agencias, con otros actores especialmente interesados en la “cuestión”, como son las empresas del sector privado y las organizaciones sindicales. De este modo, se produce un diálogo multiactoral, en el que, como hemos visto, las políticas formativas y de capacitación cobran un rol central.
Estos procesos no están exentos de conflictos y desacoples, que se evidencian en políticas que abordan problemáticas similares desde distintas aristas, pero que muchas veces se superponen en población destinataria, actores que las ejecutan, contextos socio-productivos y, sobre todo, territoriales donde se las implementa. En este sentido, existen algunos aspectos que se deben corregir en la formulación de próximas etapas de esta política pública, ya que nos encontramos ante un fenómeno dinámico que se encuentra en constante evolución, abriendo un horizonte de posibilidades con límites aún inciertos, y que impacta de manera transversal en las demás ramas de la actividad económica.
Fundamentalmente, se debe trabajar en una mayor coordinación entre las distintas unidades estatales, pero también en el sostenimiento de la masividad, en un mejor uso de los recursos disponibles y en la medición de resultados a través del monitoreo de acciones y de la evaluación del impacto, así como también en la formación de cuadros técnicos y de mandos medios dentro de las áreas de gobierno que tengan una mirada acorde a las demandas que presentan los constantes cambios tecnológicos.
Estos son algunos de los principales desafíos que el Estado deberá afrontar en el futuro si pretende llevar a cabo una transformación estructural de la matriz tecnológica y productiva de nuestro país, con el objetivo de alcanzar un desarrollo económico y social que sea sustentable en el mediano y largo plazo.
BIBLIOGRAFÍA
OSZLAK, O. y O’DONNELL, G. Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Documento G.E. CLACSO. Vol. 4, 1981: Buenos Aires, Argentina.
O’DONNELL, G. Reflexiones sobre las Tendencias Generales de Cambio en el Estado Burocrático-Autoritario, Doc. CEDES/G.E.CLACSO/No. 1, Buenos Aires, 1975;
FUENTES CONSULTADAS
Decreto N° 50/2019 publicado en el Boletín Oficial el 19 de diciembre de 2019
Discurso del Presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, 1 de marzo de 2022.
Disposición 115/2022 publicada en el Boletín Oficial el 15 de marzo de 2022
Expediente Nº 11156/2019 “AGC c/Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y otro s/Acción de Amparo”
Ley N° 25.922 - Régimen de Promoción de la Industria del Software
Ley N° 26.692 - Régimen de Promoción de la Industria del Software (modificatoria)
Ley N° 27.506 - Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento
Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico “Argentina 2030”, Documento inicial, 29 de marzo de 2022.
Resolución 239/2018 del MTEySS (RESOL-2018-239-APN-MT)
ResoluciónN° 115/2020 del MDP(RESOL-2020-115-APN-SIECYGCE#MDP)
Resolución N° 469/2020 del MTEySS (RESOL-2020-569-APN-MT)
Resolución N° 784/2020 del MTEySS (RESOL-2020-784-APN-MT)
ResoluciónN° 1144/2021 del MDP(RESOL-2021-114-APN-SIECYGCE#MDP)
ResoluciónN° 208/2021 del MDP(RESOL-2021-208-APN-SIECYGCE#MDP)
ResoluciónN° 232/21 del MDP(RESOL-2021-232-APN-SIECYGCE#MDP)
ResoluciónN° 309/21 del MDP(RESOL-2021-309-APN-SIECYGCE#MDP)
ResoluciónN° 441/2021 del MDP(RESOL-2021-441-APN-SIECYGCE#MDP)
ResoluciónN° 88/22 del MDP(RESOL-2022-88-APN-SIECYGCE#MDP)
https://www.forbes.com/billionaires/
https://informaticos.ar/formacion/
https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organigramas/006.pdf
https://www.pagina12.com.ar/363638-hay-unicornios-y-tambien-pymes
https://socis.com.ar/categorizacion-pyme-2/
NOTAS AL PIE
- Abril de 2022
2. Director de Programas de Investigación del Honorable Senado de la Nación. Fue Subdirector de Integración Parlamentaria de la Dirección de Servicios Digitales Parlamentarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación entre 2014 y 2015. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cursó la Maestría en Antropología Social en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Desempeñó el cargo de profesor adjunto de la cátedra de Teoría Antropológica en la Licenciatura en Tratamiento Penitenciario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora entre 2019 y 2020.
3. Ley N° 27.506 - Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
4. Ranking Revista Forbes (1987).
5. Ranking Revista Forbes (2021).
6 “Estos son los multimillonarios argentinos que aparecen en la lista de los más ricos de Forbes” en Forbes Argentina, 6 de abril de 2022.
7 Resolución 239/2018 del MTEySS (RESOL-2018-239-APN-MT)
8 Decreto N° 50/2019 publicado en el Boletín Oficial el 19 de diciembre de 2019.
9 Resolución N° 441/21 del MDP (RESOL-2021-441-APN-SIECYGCE#MDP)
10 Resolución N° 208/21 del MDP (RESOL-2021-208-APN-SIECYGCE#MDP)
11 Resolución N° 232/21 del MDP (RESOL-2021-232-APN-SIECYGCE#MDP)
12 Resolución N° 309/21 del MDP (RESOL-2021-309-APN-SIECYGCE#MDP)
13 Resolución N° 115/20 del MDP (RESOL-2020-115-APN-SIECYGCE#MDP)
14 Resolución N° 114/21 del MDP (RESOL-2021-114-APN-SIECYGCE#MDP)
15 Resolución N° 88/22 del MDP (RESOL-2022-88-APN-SIECYGCE#MDP)
16 Resolución 784/2020 del MTEySS (RESOL-2020-784-APN-MT)
17 Las industrias basadas en el conocimiento presentaron al Gobierno un plan para crear 500.000 empleos y exportar U$S 10.000 millones
18 Acuerdo con Globant y Catamarca para la capacitación de talentos en servicios basados en el conocimiento
19 https://informaticos.ar/formacion/
20 "Hay unicornios y también pymes" en Página 12, 25 de agosto de 2021.
21 Discurso del Presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, 1 de marzo de 2022.
22 Ibid
23 Ibid
24 Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico “Argentina 2030”, Documento inicial, 29 de marzo de 2022.
25 Ibid
26 Ibid
