El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo ha decidido avanzar sobre el Estado de Derecho, el Congreso de la Nación y la Constitución Nacional, atacando gravemente los derechos sociales y laborales conseguidos a lo largo de décadas de lucha por parte del pueblo argentino y garantizados por las leyes, décadas de jurisprudencia nacional e internacional y nuestra Constitución.
Con esta decisión se pretende desguazar, a tiro de decreto, plexos normativos de toda índole y condicionar al extremo, en favor de los empresarios, un sinnúmero de derechos y conquistas laborales: la virtual derogación del ejercicio de huelga, legalizar despidos arbitrarios y discriminatorios, reducir las indemnizaciones, eliminar multas por la no registración laboral, abolir el pago de horas extra, la posibilidad de exigir obligatoriedad de trabajar presencial y extender la jornada laboral entre otros; en suma, una afrenta a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y al derecho protectorio del trabajo que, lejos de eliminar privilegios de una casta, ataca muy específicamente al trabajador común que no sólo ya sufre el deterioro brutal de sus salarios por la inflación, sino que ahora se vería afectado nuevamente por normativas perniciosas y elocuentemente favorables a un reducido grupo de empresarios que pretenden destruir la tutela de la legislación laboral.
Este decreto, claramente inconstitucional, viola fallos y jurisprudencia de los distintos tribunales, de organismos internacionales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interfiriendo no sólo con el Congreso, sino también derogando de facto la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, promoviendo desde la cúspide del Poder Ejecutivo un grado intolerable de incertidumbre y de inseguridad a los trabajadores en un contexto de crisis y gran angustia social.
Los necesarios cambios que reclama el mundo del trabajo frente a las nuevas tecnologías y modos de empleo no pueden ser definidos en un súbito decreto, sino que deben ser el producto de un consenso en el marco del Congreso Nacional y de una mesa de diálogo sectorial. De otra forma, difícilmente se logren acuerdos duraderos.
En consecuencia, adherimos a la iniciativa de la CGT y compartimos el diagnóstico y el llamado a la acción: el vicio de este DNU es de origen y por lo tanto nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Llamamos a acompañar a la CGT para el próximo miércoles 27 de diciembre a las 12 hs al Palacio de Justicia de La Nación y estaremos presentes el próximo jueves 28 de diciembre en el Comité Central Confederal para dar nuestro punto de vista en el marco de un plan de acción gremial que culmine con un reclamo conjunto del movimiento obrero nacional.
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
AGC
