La agenda tecnológica que Argentina necesita no empieza en una embajada
Las primeras reuniones de la nueva gestión de esta Secretaría, no son neutras. Dicen quiénes son los interlocutores elegidos, qué actores se consideran relevantes y, sobre todo, quiénes quedan afuera del mapa de prioridades. Cuando esas primeras reuniones son con una embajada extranjera y dos de los mayores proveedores tecnológicos globales, y no aparece ningún actor central del ecosistema tecnológico argentino, la pregunta que surge no es si esas reuniones están bien o mal. La pregunta es qué política pública está tomando forma.
Luis Papagni —Ingeniero en Sistemas, consultor en Infraestructuras Públicas Digitales, Identidad Digital y Ciberseguridad, y presidente del Consejo Asesor del LITAT de la AGC— analiza las primeras señales de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y plantea algo que el debate público todavía no está discutiendo con suficiente seriedad: Argentina tiene capacidades tecnológicas propias construidas durante décadas, y una política tecnológica que no parte de ellas no es una política de modernización. Es una política de dependencia.
Nota de opinión
Luis Papagni
Presidente del Consejo Asesor del LITAT — AGC
Consultor en Infraestructuras Públicas Digitales,
Identidad Digital y Ciberseguridad
Ingeniero en Sistemas con amplia trayectoria en políticas de transformación digital en América Latina. Preside el Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (LITAT) de la Asociación Gremial de Computación.
Cuando las primeras reuniones públicas de una Secretaría estratégica como la de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación son con una embajada extranjera y dos de los mayores proveedores tecnológicos globales, mientras no aparece ningún actor central del sistema tecnológico argentino, el dato deja de ser una cuestión de agenda. Empieza a ser una definición de política pública.
Por lo que pudimos saber a través de las redes sociales, el 25 de agosto, la nueva conducción de la Secretaría comunicó tres reuniones: con la Embajada de los Estados Unidos, con autoridades de Google Cloud, y con representantes de Microsoft. Los encuentros abordaron cooperación científica y tecnológica, inteligencia artificial, innovación y transformación digital.
No hay nada objetable, en sí mismo, en reunirse con Estados Unidos, Google o Microsoft. Son actores relevantes y cualquier política tecnológica seria necesita dialogar con ellos.
El problema está en qué lugar ocupan esos actores en el primer mapa de prioridades de la nueva Secretaría y, sobre todo, qué actores argentinos quedan afuera de ese mapa.
Porque la Argentina tiene ARSAT. Tiene universidades públicas. Tiene CONICET. Tiene la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Tiene la Fundación Sadosky. Tiene empresas de software, PyMEs tecnológicas, centros de investigación y una enorme comunidad de profesionales y trabajadores informáticos que exportan talento al mundo. Tiene, en definitiva, un ecosistema tecnológico que durante décadas construyó capacidades propias.
Por eso, el orden de las primeras reuniones importa. Y en agenda de política, las ausencias también comunican.
El Estado catálogo y el Estado estratégico
El problema no es hablar con las grandes tecnológicas. El problema aparece cuando el Estado comienza a pensarse a sí mismo como un catálogo de soluciones disponibles en el mercado, en lugar de como un actor capaz de definir objetivos, construir capacidades y utilizar su poder de compra para desarrollar y fomentar el ecosistema tecnológico propio.
Hay una idea que viene ganando terreno con comodidad: que el Estado debe limitarse a no obstaculizar. Esa crítica al estatismo ineficiente no debería conducir a la abdicación estratégica del Estado. Ninguna de las grandes potencias tecnológicas llegó a donde está simplemente esperando que el mercado resolviera todo.
Lo que hicieron otros
Utilizó investigación pública, universidades, compras gubernamentales y programas de defensa para desarrollar capacidades que luego se transformaron en industrias globales. El Open Government y el Digital Government de Obama convirtieron al Estado en una plataforma sobre la cual empresas, emprendedores y ciudadanos podían construir nuevos servicios.
Convirtió la soberanía digital en una política concreta mediante instrumentos regulatorios y tecnológicos. No esperó a que el mercado definiera las reglas: las construyó desde el Estado y las impuso como condición de acceso.
Construyó infraestructura pública digital de escala mundial antes de negociar con los grandes proveedores tecnológicos, lo que le permitió hacerlo desde una posición mucho más fuerte.
Ese es el punto que Argentina parece estar perdiendo de vista. Un Estado inteligente no es el que se retira de la tecnología. Es el que sabe dónde intervenir, qué capacidades construir, cómo mantener la gobernanza y la independencia tecnológica, qué datos abrir, qué infraestructura preservar y qué mercados puede ayudar a crear.
La cuestión, entonces, no es si Google, Microsoft, Amazon, OpenAI o cualquier otro actor global debe estar en la Argentina. La cuestión es qué Argentina queremos que encuentren.
La Argentina necesita inversión tecnológica extranjera. Necesita centros de datos. Necesita capacidad de cómputo. Necesita inteligencia artificial. Necesita conectarse con las principales empresas tecnológicas del mundo. Pero una cosa es atraerlas y otra muy distinta es construir una política tecnológica alrededor de ellas. El desafío es que cada inversión extranjera contribuya también a generar conocimiento, proveedores, empleo calificado, infraestructura, investigación y capacidades nacionales.
La diferencia parece semántica, pero es estratégica. No alcanza con que la tecnología llegue al país. El país tiene que aumentar su capacidad tecnológica como consecuencia de esa llegada.
Cuatro capítulos que no deberían faltar
Hay, por lo menos, cuatro capítulos que deberían ocupar un lugar central en una agenda tecnológica nacional.
La Argentina tiene una infraestructura tecnológica que pocos países de la región pueden exhibir: ARSAT opera la Red Federal de Fibra Óptica y dispone de un datacenter Tier III, además de servicios propios de nube, almacenamiento y conectividad. Eso no significa que ARSAT deba reemplazar a Google Cloud, Microsoft Azure o cualquier otro proveedor privado. Significa que el Estado debe definir estratégicamente qué datos, cargas y servicios críticos requieren infraestructura pública o bajo control nacional, y cuáles pueden contratarse en el mercado. La discusión, entonces, no es "nube pública versus nube privada", sino qué arquitectura tecnológica necesita un Estado soberano y qué capacidades propias está dispuesto a preservar y desarrollar.
El debate sobre soberanía digital tampoco puede reducirse a dónde están físicamente alojados los servidores. La discusión actual pasa por definir cómo se clasifican los datos según su criticidad, qué información puede procesarse fuera de determinadas jurisdicciones, qué reglas de interoperabilidad deben respetarse, cómo se garantiza la portabilidad, quién puede reutilizar los datos y bajo qué condiciones, y cómo se protege al ciudadano frente a usos secundarios u opacos de su información. Una reunión con un proveedor de nube puede ser útil, pero no reemplaza una política nacional de datos.
La identidad digital debe ser una política estratégica de Estado, porque es la infraestructura sobre la que se construirá buena parte de los servicios públicos digitales. Argentina cuenta con capacidades como RENAPER, DNI digital, firma digital e interoperabilidad, pero necesita definir una política nacional de identidad digital, con estándares, seguridad, privacidad y una hoja de ruta de largo plazo. No es una aplicación más: es infraestructura pública.
Si el Gobierno quiere transformar digitalmente al Estado, tiene que reconocer y convocar las capacidades que Argentina ya construyó: universidades, CONICET, empresas de software, PyMEs tecnológicas, investigadores, desarrolladores, organismos públicos y profesionales que lideraron procesos de transformación digital. La transformación digital del Estado no empezó ayer y no debería empezar de cero cada vez que cambia un gobierno.
El problema más profundo: la ausencia de agenda
La Argentina tuvo una Agenda Digital 2030, aprobada mediante el Decreto 996/2018, como marco de una estrategia nacional en materia digital. En 2022, además, se aprobó la Estrategia aplicada al Programa Federal de Transformación Pública Digital, con objetivos vinculados con interoperabilidad, firma digital, gestión documental, servicios digitales y articulación entre Nación, provincias y municipios.
Hoy, en cambio, no resulta visible una nueva estrategia nacional integral que ordene públicamente las prioridades de la actual gestión en materia de transformación pública digital.
Hay anuncios, reuniones y eventos de inteligencia artificial. Pero falta algo anterior a todo eso: un plan. Y sin un plan, cada reunión corre el riesgo de convertirse en política.
Para cerrar
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. No hace falta romper con nadie, elegir entre Argentina y el mundo, ni mucho menos entre Estado y mercado. Hace falta algo bastante más sofisticado: usar al Estado para negociar con el mundo desde una posición de capacidades propias.
Por eso, sería saludable que las próximas reuniones incluyeran a ARSAT, al sistema universitario, al CONICET, a la Agencia I+D+i, a la Fundación Sadosky y al sector tecnológico argentino. Que la estrategia de inteligencia artificial incluya una política de cómputo público. Que exista una política nacional de datos que determine qué debe protegerse, qué puede compartirse y bajo qué reglas. Que la identidad digital sea tratada como infraestructura estratégica. Que las compras públicas de tecnología se utilicen también como instrumento de desarrollo de proveedores nacionales. Y que se retome y actualice una estrategia nacional de transformación digital que Argentina ya construyó y que logró trascender gobiernos.
Porque la política es, probablemente, la herramienta más poderosa de transformación que tiene una sociedad. Cuando se la utiliza bien, puede transformar al Estado y, a través de él, transformar el país.
Cuando se la utiliza solamente para acomodar al Estado a las prioridades de otros, el Estado no se moderniza.
Se lo vuelve dependiente.