El Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (LITAT) de la Asociación Gremial de Computación continúa creciendo. Con la incorporación de seis nuevas personalidades provenientes de la investigación académica, la gestión pública, la universidad, el movimiento obrero informático y el tercer sector, el laboratorio que desde la AGC investiga el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mundo del trabajo suma voces que amplían su alcance institucional y su perspectiva territorial.

El Consejo Asesor es presidido por Luis Papagni, Ingeniero en Sistemas, consultor estratégico en Infraestructuras Públicas Digitales, Identidad Digital y Ciberseguridad, y referente en políticas de transformación digital en América Latina. Bajo su conducción, el Consejo viene produciendo análisis, declaraciones y propuestas de políticas públicas que posicionaron al LITAT como un actor de referencia en el debate sobre tecnología, trabajo y soberanía digital en Argentina.

El LITAT fue creado para generar conocimiento desde la mirada de los trabajadores: analizar cómo la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización transforman las condiciones de trabajo, y construir desde allí propuestas concretas de regulación y organización colectiva. Su Consejo Asesor —integrado ad honorem por especialistas de diversas disciplinas e instituciones— es la herramienta que permite al laboratorio articular perspectivas que ninguna de ellas podría abordar por separado.

"El LITAT existe porque creemos que la tecnología no es neutral. Cómo se implementa, quién decide y quién se beneficia son preguntas políticas. Y los trabajadores informáticos tenemos que estar en el centro de esas respuestas." Ezequiel Tosco, Secretario General de la AGC.

Las nuevas incorporaciones

Lic. Micaela Sánchez Malcolm — Investigadora, docente universitaria y Presidenta de Géneras

Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA con posgrado especializado en políticas públicas, Micaela Sánchez Malcolm es docente universitaria en UBA, UADE y la Universidad Complutense de Madrid, e investigadora en proyectos UBACyT especializada en el abordaje socio-político-técnico de las tecnologías de la información. Fue Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, coordinó el proyecto de firma digital y gestión digital de expedientes judiciales en el Consejo de la Magistratura porteño, y representó a la Argentina ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Integra el cuerpo docente de la Especialización en Industrias Culturales en la Convergencia Digital de la UNTREF.

Es cofundadora de Géneras, asociación civil que promueve la inclusión digital y la reducción de brechas tecnológicas de género, desde donde organiza Women in Tech Argentina, el evento de referencia que reúne cada año a más de un centenar de líderes, especialistas y tomadoras de decisión del ecosistema tecnológico.

Ing. Alejandro M. Martínez — Decano, Facultad de Ingeniería de la UBA

El Ing. Alejandro M. Martínez se graduó como Ingeniero en Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UBA, con especialización en Telecomunicaciones y formación en Dirección Empresaria. Es Project Management Professional (PMP) y actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde también fue Secretario Administrativo. También fue Presidente del CONFEDI —el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina—. Su trayectoria combina la academia, la gestión universitaria y la experiencia en empresas tecnológicas multinacionales como British Telecom y Telecentro. Su incorporación al Consejo representa un puente directo con la formación de los futuros ingenieros argentinos y con las discusiones sobre qué perfil de egresado necesita el país en la era de la IA.

Camila Chirino — Directora Ejecutiva, Fundación Sociedades

Camila Chirino dirige la Fundación Sociedades, organización del tercer sector orientada al desarrollo social y la articulación entre actores públicos, privados y comunitarios. Su incorporación al LITAT aporta una perspectiva que cruza el impacto social de la tecnología con las dinámicas de las comunidades más vulnerables a los procesos de automatización. En un debate que suele concentrarse en los sectores más formalizados de la economía, la voz del tercer sector es un aporte necesario.

Flavia Quiroga — Secretaria Académica, UMET

Flavia Quiroga es Secretaria Académica de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, una institución que nació por el impulso de un sindicato y que a través de los años ha logrado sumar más de 100 organizaciones sindicales a su cogestión. Especialista en evaluación de políticas públicas, Quiroga ha desarrollado su carrera en la intersección entre la gestión universitaria y el movimiento sindical. Su incorporación al LITAT es especialmente significativa por la afinidad de misión: tanto la UMET como el laboratorio parten de la convicción de que el conocimiento debe estar al servicio de quienes trabajan.

Ana Carina Rodríguez — Secretaria de Innovación y Comunicación, Municipio de Escobar

Comunicadora y especialista en gestión e innovación, Ana Carina Rodríguez encabeza el área de innovación digital del Municipio de Escobar, uno de los distritos del conurbano bonaerense con mayor desarrollo en la materia. Desde esa función viene impulsando la agenda de transformación digital en el ámbito municipal y la articulación entre tecnología y ciudadanía. Su incorporación al Consejo aporta la perspectiva de la gestión pública local —frecuentemente ausente en los debates sobre IA y trabajo— y el vínculo directo con las realidades concretas de los trabajadores del Estado y los ciudadanos que dependen de sus servicios.

Mg. Ing. Lidia Seratti — Vicepresidenta, Infoworkers

Ingeniera en Telecomunicaciones con Maestría en Administración y Políticas Públicas, Lidia Seratti ocupa la vicepresidencia de Infoworkers. Con una trayectoria de décadas en el sector informático y una perspectiva que cruza la formación técnica de alto nivel con el compromiso con los derechos de los trabajadores del sector, su incorporación al LITAT es una señal clara: la mirada sindical e informática no son categorías separadas, sino la misma perspectiva desde dos ángulos complementarios.

Un consejo que refleja la complejidad del desafío

Con estas seis incorporaciones, el Consejo Asesor del LITAT presidido por Luis Papagni reúne representaciones que van desde la investigación académica hasta la universidad sindical más grande del país, desde el municipio hasta la Facultad de Ingeniería de la UBA, desde el tercer sector hasta el movimiento obrero informático. Esa diversidad no es decorativa: refleja la convicción de que los desafíos que plantea la inteligencia artificial sobre el mundo del trabajo no pueden abordarse desde una sola disciplina ni desde un solo sector.

El LITAT seguirá produciendo investigaciones, documentos y propuestas desde la perspectiva de los trabajadores. Con un Consejo Asesor que crece en representatividad y en nivel institucional, el laboratorio de la AGC consolida su rol como espacio de referencia para pensar la relación entre tecnología, trabajo y derechos en la Argentina.

Cuando la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos —la CESSI— publica sus informes anuales, los números que presenta sobre salarios del sector suelen generar más preguntas que respuestas. Su último informe indica un salario promedio de $3,3 millones para diciembre de 2025. Los datos oficiales del SIPA y de ARCA muestran una mediana real de $1,5 millones. La diferencia no es menor: es el doble. Y no es un detalle técnico — es la diferencia entre una foto del sector que sirve para negociar y una que sirve para el marketing de las cámaras.

Para eso existe el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), creado por iniciativa de la Asociación Gremial de Computación. El OTI produce información independiente sobre el sector usando fuentes oficiales —SIPA, ARCA, INDEC— con metodología transparente y sin intereses empresariales. Sus informes anuales son la herramienta con la que los trabajadores informáticos pueden conocer la realidad de su sector tal como es, no como conviene presentarla.

El nuevo informe 2025–2026 acaba de publicarse. Esto es lo que encontramos.

Los salarios subieron en pesos. El poder adquisitivo, no.

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, las medianas salariales del sector informático —tanto en Software y Servicios como en Hardware— crecieron nominalmente. Pero cuando se deflactan por el IPC del INDEC, el resultado es claro: los trabajadores fuera de convenio colectivo perdieron cerca de 5 puntos de poder adquisitivo respecto a enero de 2025. En términos concretos: el salario real de marzo de 2026 compra menos que el de enero del año anterior.

Hay una excepción que merece atención. Los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de la AGC terminaron el mismo período prácticamente en el mismo punto de partida — con un índice de 100,10 sobre base 100. Las actualizaciones trimestrales negociadas en paritaria lograron lo que el mercado no garantiza por sí solo: sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

La diferencia entre ambas trayectorias no responde a habilidades, antigüedad ni tipo de empresa. Responde a organización colectiva.

El empleo creció, pero no de cualquier manera.

El informe también analiza la evolución del empleo en el sector. Los números muestran crecimiento en la cantidad de puestos, pero el OTI va más allá del titular: la informalidad laboral acompaña ese crecimiento, y los despidos en determinados segmentos del sector marcaron picos preocupantes durante 2025.

Quiénes trabajan en el sector informático argentino.

El informe incluye un análisis detallado del perfil de los trabajadores del sector: distribución por género, nivel educativo, categoría ocupacional y franja de ingresos. Los datos permiten ver con precisión dónde están las brechas, qué segmentos concentran los ingresos más altos y cuál es la composición real de una industria que suele presentarse como homogénea y de altos salarios.

El informe completo —con todos los gráficos, datos y metodología— está disponible en oti.ar.

Si trabajás en el sector informático, estos son tus números. Conocerlos es el primer paso para poder discutirlos.

Más de 2.100 trabajadores IT de la Universidad de California votaron a favor de solicitar representación sindical, preocupados por los despidos y por querer tener voz en cómo la universidad implementa la inteligencia artificial. [1] Si la votación es certificada por la junta estatal de relaciones laborales, el sindicato University Professional and Technical Employees-CWA 9119 pasaría a tener la unidad de negociación de trabajadores tecnológicos más grande del país, con 8.400 miembros. [2]

El voto no ocurre en el vacío. Desde 2025, cerca de 400.000 trabajadores tecnológicos fueron despedidos en Estados Unidos, de los cuales más de 150.000 perdieron su empleo este año solo, varios de ellos explícitamente por el enfoque de sus empresas en la inteligencia artificial. [3] El mismo día en que se anunciaba la votación en la UC, Meta confirmaba el despido de 8.000 empleados para redirigirlos hacia roles de IA.

El 96% de los trabajadores que participaron de la votación fueron a favor de formar el sindicato. Una vez certificados, buscarán protecciones contractuales que incluyan aumentos salariales negociados, aviso previo de 30 días ante cambios en políticas de trabajo remoto, protecciones contra despidos y —lo más relevante— derechos de negociación colectiva sobre la adopción de nuevas herramientas de IA y su impacto en sus miembros. [2]

"Quién se beneficia de la IA y quién sufre sus consecuencias depende en gran medida de quién decide cómo se usa. Nosotros sabemos cómo funciona la tecnología en el día a día. Deberíamos estar en la mesa también." [4]

Por qué el modelo sindical de EE.UU. no alcanza

El movimiento de los trabajadores de la UC es una buena noticia. Pero para entender su alcance real hay que conocer cómo funciona el sindicalismo en Estados Unidos — y por qué es, estructuralmente, un modelo pensado para que los trabajadores tengan poca fuerza.

En EE.UU., el sindicalismo opera bajo un sistema de representación por unidad y empresa. Cada grupo de trabajadores debe ganar una elección para ser representado, y esa representación aplica solo a esa unidad específica. No existe la extensión automática de convenios colectivos a toda la actividad: si los trabajadores de una empresa logran un sindicato, los de la empresa de al lado siguen sin protección. Las empresas lo saben y lo explotan: invierten ingentes cantidades de dinero en actividad antisindical y perfeccionan sus técnicas, mientras el nuevo sindicalismo sigue siendo muy débil, dado que aún no ha conseguido firmar convenios colectivos estables que mejoren salarios y amplíen derechos laborales. [5]

A eso se suma el principio del "at will employment": en la mayoría de los estados, un empleador puede despedir a un trabajador en cualquier momento, por cualquier motivo, sin preaviso ni indemnización. La única protección real surge de un contrato colectivo negociado — que primero hay que ganar el derecho a tener.

En EE.UU., los pocos trabajadores agremiados saben que sus contratos sindicales tienen fecha de finalización, lo que obliga a rediscutir todos los aspectos laborales en cada nueva negociación. Los derechos conquistados en contratos anteriores se pueden perder si la nueva paritaria los encuentra en una posición de mayor debilidad. [6]

El resultado: la tasa de sindicalización en EE.UU. ronda el 10% de la fuerza laboral, y en el sector privado tecnológico es prácticamente nula. El movimiento de los trabajadores de la UC es históricamente significativo precisamente porque ocurre en ese desierto.

El modelo argentino: una herramienta más poderosa

El sindicalismo argentino funciona de manera radicalmente distinta. La personería gremial de un sindicato le otorga representación sobre todos los trabajadores de una actividad en todo el territorio nacional, estén o no afiliados. Un convenio colectivo se homologa ante el Ministerio de Trabajo y aplica con fuerza de ley: no hay que ganarlo empresa por empresa. Las paritarias no son una conquista que se puede perder en la próxima negociación: son un mecanismo institucionalizado de actualización periódica.

La clave de este modelo es que la personería gremial única por rama de actividad funciona como un dique de contención a la vorasidad patronal: por más débil que sea la entidad gremial, sigue teniendo atribuciones muy importantes que le garantizan un alto poder de negociación. [6]

El contraste con la experiencia de los trabajadores de la UC es claro. El sector informático es uno de los pocos en Argentina que todavía no cuenta con un Convenio Colectivo institucionalizado a nivel de toda la actividad, precisamente por la resistencia activa de las cámaras empresarias que prefieren conservar la unilateralidad total. Sin embargo, gracias a la organización colectiva, el CCT 1696/23 de la AGC ya se aplica en cerca de 200 empresas y protege a miles de trabajadores con paritarias trimestrales activas, categorías y roles definidos. En 2025, ese convenio les permitió cerrar el año con un acumulado del +36,9%, ganándole 5,4 puntos a la inflación.

Más de 30 años construyendo la respuesta en Argentina

La AGC lleva más de tres décadas organizando a los trabajadores informáticos argentinos, mucho antes de que la IA fuera el tema central del debate laboral global.

La industria informática, con sus tres grandes ramas —hardware, software y servicios informáticos— ocupa un rol estratégico en las economías modernas. La expansión sectorial vino acompañada de informalidad, injusticias salariales, actualizaciones arbitrarias, falta de categorías y roles laborales claros, y una creciente rotación de personal. [7] La AGC viene construyendo la respuesta a ese escenario desde sus inicios, y obtuvo su personería gremial en 2018.

Esa construcción no es solo local. La AGC tiene una agenda internacional activa y sostenida: participación en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, gira por Francia y Suiza donde articuló con Solidaires Informatique —el sindicato de trabajadores informáticos de Francia— en Lyon y visitó la OIT en Ginebra, [8] y participación en el evento de open source de Naciones Unidas en Nueva York, donde se reunió con dirigentes de la Communications Workers of America (CWA) y la AFL-CIO [9] —la misma federación a la que está afiliado el sindicato de la UC que acaba de ganar su votación.

Los trabajadores informáticos de todo el mundo enfrentan las mismas presiones: gestión algorítmica opaca, despidos por automatización, ausencia de negociación colectiva sobre decisiones tecnológicas. Los trabajadores de la UC que se acaban de sindicalizar —programadores de aplicaciones, analistas de sistemas, administradores de bases de datos— son quienes mantienen funcionando la infraestructura digital detrás de la atención médica, los sistemas de investigación y las herramientas de aprendizaje. [2] Son, en definitiva, trabajadores informáticos como los que la AGC representa en Argentina.

El movimiento de la UC demuestra algo que la AGC sostiene hace décadas: que la tecnología no protege por sí sola los derechos laborales. Que la IA no decide si te despiden o no: eso lo deciden las empresas. Y que la única herramienta que históricamente ha equilibrado esa asimetría de poder es la organización colectiva.

Lo saben en California. Lo sabemos acá desde hace más de 30 años.

Hace días, la Organización Internacional del Trabajo publicó el documento central de su 114° Conferencia Internacional del Trabajo: "Un momento decisivo: Aprovechar la inteligencia artificial para promover el trabajo decente".

La Asociación Gremial de Computación participó de esa Conferencia, representada por su Secretario General, Ezequiel Tosco, su Secretario de la Actividad, Juan Manuel Padilla y Juan Manuel Ottaviano abogado asesor del sindicato, articulando con la delegación argentina de la CGT. En ese escenario se debatió el documento que describimos a continuación: 37 páginas que definen cómo el sistema multilateral de trabajo entiende la IA y qué marcos propone para que su desarrollo no se produzca a costa de los derechos laborales.

Para los trabajadores informáticos —quienes construyen, entrenan, despliegan y también padecen estos sistemas— este debate no es abstracto. Es la discusión sobre las reglas que van a ordenar nuestro sector en los próximos años.

Qué dice el documento y por qué importa

El informe lleva la firma del Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y fue el primer punto del orden del día de la Conferencia. No es una declaración de intenciones: es el marco analítico desde el que la OIT —con representantes de 187 países— discute qué normas internacionales del trabajo son necesarias, cuáles deben adaptarse y qué nuevas herramientas de gobernanza hace falta construir para la era de la IA.

Lo que se decide en ese espacio puede derivar en convenios internacionales que los Estados miembros adoptan en su legislación. Argentina es miembro de la OIT. Lo que allí se acuerde tiene consecuencias concretas acá.

Cinco ideas centrales del informe para los trabajadores informáticos

1. La IA no es neutral: los resultados dependen de las políticas, no de la tecnología

El informe parte de una premisa que la AGC viene sosteniendo: la tecnología por sí sola no determina el futuro del trabajo. Lo que determina si la IA genera prosperidad compartida o concentración de riqueza son las decisiones políticas, las instituciones laborales y la negociación colectiva. El Director General lo dice explícitamente: "La tecnología por sí sola no determina los resultados. Son las políticas y las instituciones las que lo hacen."

Esta distinción importa porque desactiva el argumento empresarial de que los despidos por automatización son inevitables o que "la tecnología decide". No: las empresas deciden. La IA es el instrumento; el despido es la decisión.

2. Esta ola de automatización es diferente a todas las anteriores

Las olas previas de automatización afectaron principalmente el trabajo manual y repetitivo. La IA generativa está alcanzando algo que nunca antes había tocado la automatización: las actividades cognitivas, comunicativas y de toma de decisiones. Redacción, análisis, revisión de código, atención al cliente, diagnóstico, diseño. El informe advierte que esto amplía enormemente el abanico de ocupaciones afectadas, incluyendo las que requieren competencias avanzadas y habilidades creativas. Para un sector que siempre se percibió como "a salvo" de la automatización, es una señal de atención.

3. La gestión algorítmica es una nueva forma de poder sin responsabilidad

Uno de los pasajes más relevantes del documento para el sector informático describe el problema de la gestión algorítmica: los sistemas de IA que asignan tareas, evalúan desempeño y toman decisiones de remuneración o despido. El informe advierte que esto reconfigura un elemento clave de la relación laboral: "La recopilación y el tratamiento en tiempo real de los datos del lugar de trabajo suscitan preocupaciones en relación con la privacidad, la transparencia y la rendición de cuentas."

El problema que la AGC viene señalando en el debate local —el algoritmo asigna, evalúa y sanciona, pero nadie firma ni responde— es exactamente el que la OIT pone en el centro del debate internacional. La transparencia algorítmica y la rendición de cuentas sobre decisiones automatizadas son los dos pilares de regulación que el informe identifica como urgentes.

4. El riesgo para la inteligencia humana

El informe plantea un punto que raramente aparece en el debate sobre IA y trabajo: el impacto de la dependencia tecnológica en las propias capacidades cognitivas de los trabajadores. "Una dependencia excesiva o desinformada de los sistemas automatizados puede mermar capacidades humanas fundamentales, como el razonamiento, la creatividad y la empatía."

Para un sector donde la formación continua y el pensamiento crítico son activos centrales, este argumento refuerza la posición de la AGC sobre la necesidad de una formación profesional que no sea solo técnica: que incluya derechos, organización y pensamiento crítico sobre las herramientas que usamos.

5. Sin diálogo social, no hay gobernanza legítima de la IA

El informe es categórico: el diálogo social no es un accesorio del desarrollo tecnológico, es una condición de su legitimidad. "Cuando los trabajadores participan de manera significativa en el diseño y la aplicación de los sistemas de IA, se reducen los sesgos, se anticipan los riesgos y se construyen mejores soluciones." Sin participación de los trabajadores en las decisiones sobre cómo se implementa la IA, el resultado tiende a ser la transferencia de riesgos hacia los más vulnerables y la concentración de beneficios en las empresas con mayor acceso a datos y capital.

Para el sector informático argentino, donde todavía no existe un Convenio Colectivo institucionalizado —precisamente por la resistencia de las cámaras empresarias que prefieren la unilateralidad total— este punto tiene una dimensión muy concreta: sin organización colectiva, los trabajadores informáticos no tienen voz en las decisiones que más los afectan.

¿Qué implica todo esto para Argentina?

El informe de la OIT no resuelve por sí solo ningún problema local. Pero establece el marco desde el que la comunidad internacional va a presionar, evaluar y eventualmente normar el desarrollo de la IA en el mundo del trabajo. Para Argentina, que está atravesando simultáneamente una reforma laboral que debilita los mecanismos de negociación colectiva y una expansión acelerada del uso de IA en el sector tecnológico, el timing no podía ser más crítico.

La AGC participó de esa discusión internacional porque sabemos que el marco que se construya allí es el piso sobre el que se negocia en cada país. Y porque la agenda que la OIT pone sobre la mesa —transparencia algorítmica, protección de datos de los trabajadores, negociación colectiva sobre decisiones de IA, formación centrada en derechos— es exactamente la agenda que venimos planteando en Argentina a través del Convenio Colectivo 1696/23 y del LITAT.

El mundo del trabajo informático se está redefiniendo. La pregunta no es si la IA va a cambiar todo —ya lo está haciendo— sino quién va a tener voz en cómo cambia. Eso depende de la organización.

El 1° de junio, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial los decretos 407, 408 y 409/2026, que reglamentan la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 aprobada en febrero. Con esta reglamentación, la reforma dejó de ser un texto en discusión judicial —la CGT mantiene su impugnación ante la Justicia— para convertirse en reglas operativas con fechas concretas de aplicación.

El equipo jurídico de la AGC analizó los tres decretos. Lo que sigue es una traducción a términos reales: qué cambia en la vida laboral cotidiana, desde cuándo, y por qué estos cambios encienden alarmas.

Qué cambia para vos

Estos son los cambios que más directamente tocan la vida laboral cotidiana:

El FAL: la indemnización deja de ser lo que era

De los tres decretos, el 408/2026 es el que introduce el cambio más estructural: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comienza a operar el 1° de noviembre de 2026 y será obligatorio para todo el sector privado (salvo construcción y casas particulares).

El mecanismo: cada empleador aporta un porcentaje de la masa salarial (1% las grandes empresas, 2,5% las MiPyMEs) a una cuenta individual administrada por fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión autorizados por la CNV. Cuando hay un despido, la indemnización sale de ese fondo. A cambio, el empleador recibe una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social.

Dos consecuencias merecen atención. La primera: al transformar la indemnización en un costo fijo mensual ya pagado, el despido deja de tener efecto disuasorio. Despedir ya no le genera al empleador un costo extraordinario: el fondo ya está armado. La segunda: los recursos que financian el FAL se restan del sistema de seguridad social —es decir, de la masa que financia jubilaciones, pensiones y asignaciones— y se canalizan hacia instrumentos del mercado financiero.

Hay además una letra chica relevante: el FAL solo cubre a trabajadores correctamente registrados con al menos 12 meses de antigüedad registral. Si la registración es deficiente (por ejemplo, una parte del salario afuera del recibo), la cobertura se calcula solo sobre lo registrado.

El blanqueo: beneficio pleno para el empleador, jubilación recortada para el trabajador

El decreto 409/2026 reglamenta el régimen de regularización de trabajo no registrado. Para el empleador que blanquea, los beneficios son contundentes: condonación de hasta el 90% de las deudas de seguridad social (70% para grandes empresas), 100% de condonación en obra social y ART, extinción de la acción penal por delitos fiscales y salida del registro de sanciones laborales.

¿Y para el trabajador blanqueado? Puede computar hasta 60 meses de servicios para su jubilación, pero con un detalle decisivo: los aportes se calculan sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, no sobre la remuneración real. Un trabajador informático que pasó años mal registrado y cobraba tres o cuatro veces el salario mínimo verá esos años computados como si hubiera cobrado el mínimo. El perjuicio previsional es permanente.

Qué significa esto para los trabajadores informáticos

Para nuestro sector, hay cuatro puntos que merecen lectura propia.

1. La registración deficiente se paga doble. El trabajo informático es uno de los sectores con mayor incidencia de registración parcial: parte del salario en dólares, parte por afuera, contratos de servicios que encubren relación de dependencia, monotributo forzado. Con el nuevo esquema, esa irregularidad no solo afecta el presente: recorta la cobertura del FAL y, si se blanquea, licúa la jubilación futura. La formalización plena dentro del Convenio Colectivo pasa de ser una reivindicación a ser una protección patrimonial concreta.

2. La reapertura de convenios alcanza al sector, pero nuestro caso es distinto. El decreto 407 ordena a la Secretaría de Trabajo convocar, desde julio, a la renegociación de convenios vencidos o sin plazo de vigencia, incluso con cláusulas de ultraactividad. Es una ventana de riesgo para los pisos de derechos conquistados en convenios históricos de todo el mundo del trabajo. El sector informático llega a este escenario con una particularidad que lo vuelve aún más vulnerable: es uno de los pocos sectores de la economía argentina que todavía no cuenta con un Convenio Colectivo institucionalizado.

No por falta de convenio —el CCT 1696/23 existe, el diálogo del sindicato con empresas conveniadas resulta en actualizaciones salariales trimestrales y se aplica en las empresas donde los trabajadores se organizan— sino por la presión de cámaras empresarias activamente antisindicales que prefieren conservar la unilateralidad completa: decidir salarios, empleo y condiciones sin que los trabajadores sean parte de la mesa, como si fueran variables de un resultado financiero y no personas con derechos. En un contexto donde el gobierno reabre convenios a la baja, no tener un piso institucionalizado significa que la mayoría del sector ni siquiera tiene un piso que defender.

Por eso la institucionalización del Convenio es la pelea central de la AGC: que todo trabajador informático, en toda empresa, tenga derechos mínimos garantizados, previsibilidad y paritarias.

3. El control de licencias médicas se endurece. Las prescripciones de reposo deberán tramitarse electrónicamente por la plataforma ReNaPDiS y, ante discrepancia, el empleador puede exigir junta médica oficial. En un sector con alta incidencia de burnout y padecimientos de salud mental —donde las licencias suelen ser cuestionadas—, el cambio inclina la cancha hacia el control empresarial.

4. La organización sindical queda bajo presión. El decreto 407 amplía los controles estatales sobre afiliaciones, padrones, financiamiento y cuerpos directivos sindicales, restringe el crédito horario de los delegados (uso con preaviso de 48 horas, sin afectar el funcionamiento de la empresa) y debilita la tutela de los candidatos. Para un sindicato joven en un sector en plena organización, como el nuestro, estas reglas buscan hacer más costoso lo que más necesitamos: organizarnos en cada empresa.

El sindicato no es un tercero: sos vos

Hay una idea que el relato oficial repite: que los cambios sobre los sindicatos son solo "una cuestión de los gremios", una interna que no toca al trabajador común. Es exactamente al revés. El sindicato es la herramienta con la que los trabajadores ejercen derechos que individualmente no pueden ejercer: nadie negocia su paritaria solo, nadie sostiene un convenio colectivo solo, nadie enfrenta un despido arbitrario con la misma fuerza sin respaldo gremial. Cada restricción a la organización sindical es, en los hechos, un recorte de derechos directos del trabajador.

La posición de la AGC

Desde la AGC compartimos el análisis de nuestro equipo jurídico: esta reglamentación avanza sobre la autonomía colectiva y la libertad sindical reconocidas por la Ley 23.551, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los Convenios 87 y 98 de la OIT —los mismos convenios cuyo incumplimiento el movimiento obrero argentino acaba de denunciar ante la comunidad internacional en la 114° Conferencia de la OIT, donde estuvimos presentes.

La respuesta a este escenario no es la resignación: es más organización. Cada trabajador informático que se organiza en su empresa extiende la aplicación del Convenio, cada empresa que lo aplica acerca su institucionalización, y cada paso hacia ese piso común de derechos hace al sector menos vulnerable frente a reformas como esta. Donde hay Convenio, hay paritarias trimestrales, previsibilidad y derechos garantizados. Donde no lo hay, hay unilateralidad empresarial. La diferencia, hoy más que nunca, la hace la organización.

Del 1 al 12 de junio de 2026, más de 5.400 delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países se reúnen en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo. La AGC participa articulando con la delegación argentina de la CGT, llevando al escenario global la perspectiva del sindicato informático sobre los temas que más directamente afectan al sector.

¿Qué es la Conferencia de la OIT y por qué importa?

La Conferencia Internacional del Trabajo es el principal órgano decisorio de la OIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas que establece las normas internacionales del trabajo. Este año, los trabajadores informáticos argentinos están presentes a través de su Secretario General, Ezequiel Tosco, y su Secretario de la Actividad, Juan Manuel Padilla, articulando con la delegación de la CGT.

Lo que allí se debate no son declaraciones de intenciones: los acuerdos que se alcanzan en esta instancia pueden traducirse en legislación laboral concreta en decenas de países, incluyendo Argentina. Los convenios y recomendaciones que adopta la OIT marcan el piso mínimo de derechos que los Estados miembros se comprometen a respetar y, en muchos casos, incorporar a su ordenamiento jurídico interno.

Dicho de otra manera: lo que se discute esta semana puede afectar directamente las condiciones de trabajo de cualquier trabajador argentino en los próximos años.

Qué se debate este año

La agenda de la 114° CIT tiene tres ejes centrales que, para los trabajadores informáticos, resultan especialmente relevantes.

El primero y más importante es el trabajo decente en la economía de plataformas. Esta es la segunda discusión normativa sobre el tema en la historia de la OIT, lo que marca un salto cualitativo: ya no se debate si hay que regular las plataformas digitales, sino cómo regularlas. Cuatro pilares concretos están sobre la mesa: transparencia algorítmica en procesos de contratación y evaluación, límites en el uso de datos de los trabajadores, rendición de cuentas sobre decisiones automatizadas y participación de los trabajadores en decisiones tecnológicas que los afectan directamente.

El segundo eje es el programa transformador para lograr igualdad de género en el trabajo, que incluye el impacto diferencial de la automatización sobre el empleo femenino.

El tercero es el diálogo social y el tripartismo, es decir, el modelo en que gobiernos, empleadores y sindicatos negocian colectivamente las condiciones del trabajo. Un modelo que el gobierno argentino viene erosionando sistemáticamente.

El rol de la CGT: un argentino al frente

Un dato inédito marca esta edición: Gerardo Martínez, Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA, fue designado vicepresidente de la Conferencia en representación del sector trabajador. Es la primera vez en 25 años que un argentino ocupa ese cargo, elegido por las organizaciones sindicales de los 187 estados miembros.

La delegación sindical argentina es amplia y activa. Junto a Martínez participan, entre otros, Jorge Sola y Cristian Jerónimo (co-secretarios generales de la CGT), Andrés Rodríguez, Maia Volcovinsky, Julio Piumato, Hernán Doval, José Minaberrigaray y Juan Pablo Brey, además de representantes de las dos CTA.

En contraste, el gobierno de Javier Milei no envió representantes de rango ministerial a la Conferencia —algo que no ocurría en 25 años. El Estado argentino estuvo representado únicamente por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Ginebra.

Las intervenciones que marcaron la semana

Dos exposiciones de la delegación sindical argentina concentraron la atención internacional durante la primera semana.

La primera fue la de Jorge Sola ante la Comisión de Aplicación de Normas, el órgano que examina el cumplimiento de los convenios internacionales por parte de los Estados miembros. Sola expuso la denuncia conjunta de la CGT y las CTA contra el gobierno argentino, denunciando lo que definió como el "desmantelamiento sistemático" de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.

Entre los puntos centrales de su presentación: la degradación del Ministerio de Trabajo, la reforma laboral aprobada durante la actual gestión, las restricciones al derecho de huelga y la Resolución 943/2023 que —según planteó— transforma los conflictos laborales en cuestiones de política criminal. También señaló que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 la Administración Pública Nacional sufrió una reducción del 29% de su planta de trabajadores, con los mayores recortes concentrados precisamente en áreas vinculadas a la protección de derechos y al desarrollo productivo. La intervención fue recibida con una prolongada ovación del plenario internacional. InfobaePerfil

La segunda fue la de Gerardo Martínez en la sesión plenaria, donde formuló un duro cuestionamiento a la gestión de Milei y reclamó la construcción de un diálogo social sostenible. Martínez rechazó explícitamente cualquier intento de limitar las discusiones salariales —"no al cepo salarial"— y calificó a la reforma laboral como "pro patronal". También alertó sobre los riesgos de la expansión de la Inteligencia Artificial sin mecanismos de protección, advirtiendo que sin regulación el mundo avanzaría hacia una "justicia social artificial". Su discurso también fue cerrado con ovación.

Por qué todo esto importa para los trabajadores informáticos

Para la AGC, la agenda de la 114° Conferencia no es abstracta. El debate sobre la regulación del trabajo en plataformas, la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas sobre decisiones automatizadas son exactamente las discusiones que el sindicato viene planteando en Argentina a través del Convenio Colectivo 1696/23 y del LITAT. Cuando la OIT avance hacia un instrumento normativo sobre plataformas —y todo indica que lo hará en los próximos años— ese marco internacional será el piso sobre el que se negociará en cada país.

Al mismo tiempo, la denuncia al gobierno argentino por el desmantelamiento de los derechos laborales y el cepo salarial tiene consecuencias concretas: las recomendaciones que emita la Comisión de Aplicación de Normas generan presión internacional sobre los Estados y pueden derivar en misiones de asistencia técnica, observaciones formales y compromisos verificables de cumplimiento.

Estar presentes en este escenario no es un gesto simbólico. Es parte del trabajo de construir las reglas que van a ordenar el futuro del trabajo informático en Argentina y en el mundo.

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), a través de su observatorio (OPSSI), publicó días atrás un nuevo "Reporte del Sector del Software y Servicios Informáticos" correspondiente a 2025. El número titular es conocido: la Cámara comunica un salario promedio bruto de $3.296.607 a diciembre, con un incremento interanual del 42,5% que, según el propio informe, le habría ganado a la inflación del año (32%). Un salario que, a las claras, no representa a nadie.

Como venimos señalando hace años desde la AGC, esa cifra surge de una metodología de escasa credibilidad técnica: una encuesta voluntaria a 235 empresas asociadas a la propia Cámara —que emplean a 40.170 trabajadores sobre un universo registrado superior a los 155.000— en la que se reporta un promedio (no una mediana) que es naturalmente arrastrado hacia arriba por los salarios de directores, gerentes y cargos fuera de convenio.

Pero esta vez no hace falta apelar solo a nuestras fuentes para discutir el número. El propio informe de la Cámara contiene tres datos que la mesa empresaria prefiere no destacar, y un cuarto problema —el más serio— que aparece cuando se hacen los cálculos sobre sus propios datos. Vamos uno por uno.

1. El propio informe reconoce que el salario real cayó en el último trimestre

En el detalle del trimestre octubre-diciembre, el reporte de la CESSI muestra que los salarios nominales del sector subieron un 5% mientras la inflación fue del 8%. Es decir, en los últimos tres meses del año los trabajadores del software perdieron poder adquisitivo, según los datos que publica la propia Cámara.

El informe lo dice con todas las letras: "a diciembre de 2025 el poder adquisitivo promedio de los empleados registrados del sector aumentó un 8,3% con respecto a un año atrás, aunque cayó un 2,4% con respecto a septiembre del mismo año."

Esta caída del 2,4% trimestral coincide con lo que muestra el Observatorio del Trabajo Informático (OTI) de la AGC: los trabajadores fuera de convenio perdieron 4,7 puntos contra la inflación en el cuarto trimestre. La diferencia entre las dos lecturas no es de dirección, es de magnitud. Y la dirección es la misma: hacia abajo.

2. Los despidos casi se duplicaron

Otro dato que aparece en el reporte pero queda al final del documento: la tasa de despidos pasó del 3% en 2024 al 5% en 2025. Un crecimiento del 67% en un año.

La CESSI presenta la "tasa de rotación general" estable en 21% para esconder el cambio de composición. Pero cuando se desagrega, el dato es claro: en 2025 las empresas del sector despidieron más, y los trabajadores —enfrentando un mercado contractivo— renunciaron menos. La rotación no se mantuvo "estable": se transformó. Menos movimiento voluntario, más expulsiones.

Esto explica por qué nuestro Observatorio registró la primera contracción del empleo del año en el cuarto trimestre, con una caída neta de 94 puestos entre septiembre y diciembre, tras tres trimestres consecutivos de crecimiento.

3. La "falta de talento" ya no es el problema principal del sector

Durante años, las cámaras empresarias del software construyeron su discurso público sobre una idea central: que el sector enfrenta una escasez crítica de talento y por eso no puede atarse a las "rigideces" de un convenio colectivo. Ese argumento se usó para justificar la negativa a negociar pisos salariales, escalafones por categoría y paritarias trimestrales.

El nuevo informe de la CESSI lo desmonta sin querer: la "disponibilidad de recursos calificados", que históricamente fue uno de los problema snúmero 1 de las empresas, en 2025 cayó al quinto lugar del ranking. El podio ahora lo ocupa otra preocupación empresarial: los "costos salariales".

Según las propias empresas, el problema ya no es que falte gente. El problema, para ellas, es lo que cobra la gente. Y eso, con los salarios reales que estamos viendo, no se sostiene como diagnóstico.

El contraste estructural: lo que muestra el OTI y lo que protege el Convenio

Más allá de los datos internos del informe, sigue vigente el contraste estructural que venimos señalando. Mientras la CESSI comunica $3.296.607 como salario promedio, los datos oficiales del SIPA y la AFIP que procesa el OTI muestran una mediana de $1.512.473 en software y $1.249.397 en hardware para el mismo período de diciembre 2025. La diferencia con el dato CESSI es de más del doble.

Y hay un tercer dato que conviene poner sobre la mesa: la mediana salarial bajo Convenio Colectivo AGC llegó a diciembre 2025 a $2.735.910, un 81% por encima de la mediana del software fuera de convenio.

La diferencia entre lo que cobra un trabajador bajo Convenio AGC y lo que cobra la mediana del sector fuera de convenio no se explica por seniority, ni por habilidades técnicas, ni por experiencia. Se explica por organización colectiva.

El Convenio en acción: cuatro paritarias en 2025 que le ganaron a la inflación

Durante 2025 los trabajadores bajo Convenio AGC recibieron cuatro actualizaciones paritarias trimestrales que protegieron y mejoraron su poder adquisitivo de forma sistemática:

• 1° trimestre: +11,8% sobre el salario de diciembre 2024
• 2° trimestre: +9% sobre marzo
• 3° trimestre: +6% sobre junio
• 4° trimestre: +6% sobre septiembre

El acumulado anual compuesto alcanza el 36,9%, contra una inflación que cerró 2025 en torno al 31,5%. Los salarios bajo Convenio AGC le ganaron a la inflación por 5,4 puntos porcentuales en el balance anual, mientras los trabajadores fuera de convenio dependieron de negociaciones individuales sin calendario definido y acumularon pérdidas.

La dinámica continúa: la AGC ya cerró para el segundo trimestre de 2026 un incremento del 9,4%, por encima de la inflación proyectada por el Banco Central (7,1%) para el mismo período.

4. El dato que no cierra ni con sus propias exportaciones

Acá viene el problema más serio del informe. Tomemos los números que la propia CESSI publica:

• Empleo del sector en 2025: 155.545 trabajadores registrados
• Salario promedio bruto (CESSI): $3.296.607
• Exportaciones del sector 2025: USD 2.651 millones
• Tipo de cambio MEP usado en el mismo informe: $1.274 por dólar

Si anualizamos los sueldos (12 meses + aguinaldo) y los convertimos a dólares al MEP que usa la propia Cámara, la masa salarial implícita del sector según los datos CESSI alcanza los USD 5.233 millones anuales. Es decir, casi el doble de las exportaciones que la misma CESSI declara para todo el sector.

Esto plantea un problema matemático evidente: las exportaciones representan, según el propio informe, cerca de la mitad de las ventas del sector. Si la masa salarial duplica esas exportaciones, no quedaría margen para mercado interno, infraestructura, impuestos, alquileres ni ganancias. El sector estaría operativamente quebrado.

Si en cambio aplicamos los datos del OTI sobre todo el universo registrado de trabajadores informáticos (171.316 personas a una mediana de $1.512.473), la masa salarial implícita en dólares es de USD 2.644 millones, prácticamente idéntica al volumen de exportaciones. Esto es consistente con un sector donde las exportaciones son la mitad de las ventas, los sueldos representan aproximadamente la mitad de la facturación, y queda margen para todo lo demás.

Los datos del OTI cierran con la economía real del sector. Los datos de la CESSI, no.

Si ya no falta talento, ¿por qué siguen resistiendo el convenio?

Durante años, la respuesta de la Cámara a la pregunta sobre el convenio colectivo fue siempre la misma: "el sector es dinámico, falta talento, no se puede encorsetar". El nuevo informe muestra que ese argumento se desinfla. La falta de talento no es ya el primer problema, ni el segundo, ni el tercero del sector. Y los salarios reales, lejos del titular de los $3,3 millones, perdieron contra la inflación en el último trimestre incluso según el propio reporte de la Cámara.

La AGC viene marcando este diagnóstico con datos propios y con la información oficial que procesa el OTI desde hace años. Los datos que hoy publica la CESSI, leídos con atención, ratifican lo que venimos planteando: el sector necesita la institucionalización del Convenio Colectivo de Trabajo 1696/23, con pisos por categoría, paritarias trimestrales y reglas claras para toda la actividad. La evidencia muestra que el convenio funciona: protege salarios, ordena la actividad, da previsibilidad. Y lo demuestra cada trimestre.

Mientras esa discusión siga postergada, los datos van a seguir contando la misma historia. Aún en los informes que producen las propias empresas.

La Asociación Gremial de Computación (AGC) participa de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, representada por su Secretario General, Ezequiel Tosco, y su Secretario de la Actividad, Juan Manuel Padilla, articulando con la delegación argentina de la CGT. Desde allí, el sindicato informático viene acompañando una serie de jornadas intensas en las que el movimiento obrero argentino lleva sus posiciones ante la comunidad internacional.

En la sesión plenaria de hoy, Gerardo Martínez —Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y delegado de los trabajadores argentinos ante la Conferencia— formuló un duro cuestionamiento a la gestión del gobierno de Javier Milei, con un discurso que fue cerrado con una prolongada ovación del plenario internacional.

"No al cepo salarial"

Martínez enmarcó su intervención en un escenario global atravesado por lo que definió como una "policrisis": crecimiento de la pobreza y la desigualdad, conflictos bélicos y una concentración de la riqueza cada vez más extrema. Frente a ese panorama, reclamó la construcción de un nuevo contrato social que permita rediscutir el equilibrio entre capital y trabajo.

Al referirse a la Argentina, el dirigente fue directo: denunció que las políticas del gobierno profundizan la pérdida de poder adquisitivo y la precarización laboral, al tiempo que se desfinancian áreas sensibles como la salud y la educación. Calificó a la reforma laboral aprobada durante la actual gestión como una norma "pro patronal" que elimina derechos laborales y favorece intereses empresariales.

En esa línea, reafirmó el reclamo del sindicalismo argentino por el respeto irrestricto a la negociación colectiva y rechazó cualquier intento de limitar las discusiones salariales: "Debemos reiterarlo una vez más: no al cepo salarial", afirmó.

Inteligencia Artificial y el riesgo de una "justicia social artificial"

Martínez también alertó sobre los riesgos de la expansión de la Inteligencia Artificial sin mecanismos de protección adecuados, advirtiendo que sin regulación se estaría avanzando hacia una "justicia social artificial". Reivindicó la necesidad de políticas de resguardo del empleo, recalificación laboral y participación de los trabajadores en las decisiones sobre la transformación tecnológica.

Para la AGC, esta dimensión del debate es especialmente relevante. El impacto de la IA en el sector informático, la regulación del trabajo en plataformas, la transparencia algorítmica y la protección del empleo frente a la automatización son temas centrales de la agenda que el sindicato viene planteando tanto a nivel local —en el marco del Convenio Colectivo 1696/23 y a través del LITAT— como en espacios internacionales como esta Conferencia.

Una mesa de diálogo como "llave maestra"

Para cerrar, Martínez defendió un modelo de desarrollo basado en la articulación entre crecimiento económico, derechos laborales y protección social, y propuso una mesa de diálogo sostenible como la "llave maestra" para resolver los problemas estructurales del país. "Creemos en un proyecto de país donde el capital esté al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social", concluyó.

De la sesión participaron también Jorge Sola, Andrés Rodríguez, Maia Volcovinsky, Julio Piumato, Hernán Doval, José Minaberrigaray y Juan Pablo Brey, entre otros integrantes de la delegación sindical argentina.

La AGC continúa presente en la Conferencia, llevando la voz de los trabajadores informáticos argentinos al escenario internacional donde hoy se discuten las reglas del trabajo del futuro.

La Asociación Gremial de Computación (AGC) participó del primer Congreso Bonaerense del Trabajo, realizado el pasado jueves en Mar del Plata, donde se reunieron más de 3000 personas entre referentes del Estado, organizaciones sindicales y representantes de la academia. El sindicato informático estuvo presente en el panel "Innovación tecnológica y futuro del trabajo", ante una sala colmada, representado por su Secretario Gremial, Manuel Alonso, en una mesa coordinada por Cecilia Cecchini, Jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la AGC se llevaron al debate los ejes que el sindicato viene planteando hace tiempo sobre la Inteligencia Artificial, la precarización del trabajo informático y la necesidad de una formación profesional que vaya más allá de las herramientas técnicas.

Frente al reemplazo por IA: la posición de la AGC

Ante la pregunta sobre si la Inteligencia Artificial viene a complementar o a reemplazar trabajadores, Alonso fijó posición con una afirmación contundente:

El sindicato puso sobre la mesa el caso paradigmático de Mercado Libre, que despidió a 119 trabajadores bajo la excusa de la automatización. En esa línea, Alonso advirtió sobre una paradoja que la AGC considera central en el debate actual:

"Lo alarmante es que quienes entrenaron a esos algoritmos son los mismos compañeros que hoy quedan sin empleo. Ese saber es apropiado por las empresas, mientras el trabajador queda descartado."

Gestión algorítmica: ¿quién responde?

La AGC también llevó al panel la discusión sobre la gestión algorítmica del trabajo, un fenómeno creciente en el sector. El principal riesgo, planteó el Secretario Gremial, es la desaparición de la figura del empleador visible:

"El algoritmo asigna, evalúa y sanciona, pero nadie firma, nadie responde. Desaparece la negociación colectiva cuando no hay contraparte identificable."

Frente a este escenario, la organización viene insistiendo en la necesidad de disputar la transparencia algorítmica como un derecho laboral, en línea con los debates internacionales que la AGC sigue de cerca a través de su participación en espacios como la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Formación profesional: en derechos, no solo en herramientas

Otro de los ejes que la AGC llevó al Congreso fue la formación profesional. Frente a la velocidad de la innovación tecnológica, Manuel Alonso sostiene que la formación no puede ser solo técnica: tiene que incluir derechos, organización colectiva y herramientas de negociación.

"Saber usar IA sin saber que tenemos derecho a un convenio colectivo es una trampa."

Esta posición se enmarca en el trabajo que la AGC viene desarrollando con su ecosistema de formación profesional, donde la capacitación técnica convive con la formación sindical y la difusión del Convenio Colectivo de Trabajo informático.

Una agenda que se sigue construyendo

La participación en el Congreso Bonaerense del Trabajo se suma a una serie de espacios en los que la AGC viene aportando la mirada de los trabajadores informáticos al debate público: paritarias del sector, intervenciones en el Congreso de la Nación, presencia internacional en la OIT y articulación con el resto del movimiento sindical argentino.

Desde la AGC, agradecemos al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por la convocatoria, a las organizaciones que participaron del encuentro y a cada compañera y compañero con quien seguimos pensando y disputando el futuro del trabajo en la provincia, en la Argentina y en todo el mundo.

La Juventud Sindical Peronista (JSP) de la CGT renovó autoridades en un acto realizado en la sede de FOETRA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando inicio a su séptima gestión al frente del espacio. La nueva conducción incorpora a la Asociación Gremial de Computación (AGC) al Consejo Directivo, con Manuel Alonso, Secretario Gremial de nuestro sindicato, asumiendo la Secretaría de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo.

La incorporación marca un paso significativo para la organización sindical del sector informático: por primera vez, la agenda tecnológica y su impacto en el mundo del trabajo cuenta con una representación específica dentro de la conducción de la JSP, espacio que articula a más de 70 organizaciones gremiales en todo el país.

Una agenda que ya está en marcha

La nueva Secretaría se suma al trabajo que la AGC viene desarrollando desde el LITAT (Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo), cuyo Consejo Asesor publicó recientemente su primera declaración institucional sobre soberanía digital en Argentina. Desde la Secretaría que conducirá Alonso se propone llevar al ámbito de la Juventud Sindical el debate sobre los desafíos que la inteligencia artificial, la automatización y la economía de plataformas plantean al conjunto del movimiento obrero argentino.

Un acto con fuerte presencia política y gremial

La asunción contó con la presencia de referentes del movimiento obrero y figuras del peronismo. Por el lado sindical participaron Héctor Daer (ATSA y CGT), Omar Maturano (La Fraternidad), Gastón Frutos (Panaderos), Norberto Di Próspero (APL), Paola Barrita (ATEPSA) y Rubén Fernández (UPSA), entre otros dirigentes. En el plano político se destacaron la presencia de la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, las diputadas nacionales Lucía Cámpora y Kelly Olmos, y el ex ministro Guillermo Moreno.

El discurso principal estuvo a cargo de Sebastián Maturano, ratificado al frente de la JSP, quien convocó a construir una unidad real del movimiento obrero organizado, fortalecer el trabajo territorial y proyectar a las nuevas generaciones sindicales hacia los procesos políticos que se avecinan.

El lugar de la AGC en este nuevo ciclo

La incorporación de la AGC al Consejo Directivo de la JSP reafirma el rol del sindicato como referente del trabajo informático en el universo gremial argentino, y permite llevar al debate sindical del peronismo la perspectiva de un sector que atraviesa transformaciones profundas: la expansión de la inteligencia artificial, los cambios en los procesos productivos, las nuevas formas de organización del trabajo y los desafíos en torno a los datos, la privacidad y la soberanía tecnológica.

Desde la AGC saludamos a la nueva conducción de la Juventud Sindical Peronista y asumimos esta responsabilidad con el compromiso de aportar al debate colectivo y construir, junto al conjunto del movimiento obrero, una agenda que ponga la tecnología al servicio del trabajo y los derechos.

El Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (LITAT) de la Asociación Gremial de Computación (AGC) publicó su primera declaración institucional: Soberanía digital en Argentina, elaborada y firmada por los destacados integrantes del Consejo Asesor del laboratorio.

Este documento —identificado como Declaración N°01 · 2026— es el primer texto técnico-político del LITAT desde su lanzamiento en marzo de 2025. Está organizado en 12 secciones que van desde un diagnóstico del contexto global hasta una agenda propositiva concreta para el Estado argentino. Siendo una herramienta clave para crear políticas públicas.

El problema que el documento pone sobre la mesa

El punto de partida es un diagnóstico preciso: Argentina y América Latina enfrentan una nueva forma de dependencia estructural. Las grandes plataformas tecnológicas globales recolectan comportamientos, preferencias y transacciones de millones de ciudadanos, los procesan fuera de la región y los devuelven convertidos en servicios que generan dependencia y asimetría creciente. El documento denomina a este fenómeno "extractivismo de datos", como continuación del extractivismo de recursos naturales que históricamente organizó las relaciones de dependencia entre el centro y la periferia del sistema mundial.

A esto se suma lo que el Consejo Asesor llama "tecnocesarismo": la concentración de poder en actores privados globales que ejercen funciones antes reservadas al Estado —control de comunicaciones, procesamiento de datos judiciales y sanitarios, mediación de mercados— no por la fuerza, sino por dependencia. Cuando un gobierno no puede operar sus sistemas sin depender de una nube comercial extranjera, el concepto mismo de soberanía entra en crisis.

El diagnóstico sobre Argentina

El Consejo Asesor identifica 4 brechas críticas en la situación actual: datos públicos procesados en infraestructuras extranjeras sin marco soberano; ausencia de legislación sobre soberanía de datos y gobernanza algorítmica; fragmentación estatal que impide una arquitectura digital interoperable; y la falta de jerarquía política de la soberanía digital como agenda de Estado, comparable a la energética o la alimentaria.

La conclusión central del diagnóstico es que Argentina no carece de capacidades —tiene trabajadoras y trabajadores técnicamente calificados, producción científica y conocimiento acumulado en el sector—, pero sí carece de una arquitectura institucional y una decisión política sostenida que convierta esas capacidades en soberanía efectiva.

Una agenda concreta

El documento no se limita al diagnóstico. Su agenda propositiva incluye recomendaciones en materia de infraestructura digital pública, marco normativo, gobernanza de datos y desarrollo productivo nacional. Entre los ejes: políticas de localización de datos críticos, estándares abiertos e interoperabilidad estatal, portabilidad de datos y auditoría algorítmica, y articulación de la demanda pública como motor del desarrollo tecnológico nacional.

Cómo leer el documento

La declaración está disponible en formato web interactivo —con índice navegable, gráficos y acceso a versiones en PDF y podcast resumen— en informaticos.ar. Fue firmada por los once integrantes del Consejo Asesor del LITAT, su Director, miembros del Consejo Directivo del Sindicato Informático AGC y el Director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI).

El gobierno anunció el "Gemelo Digital Social": inteligencia artificial para "anticipar y optimizar políticas públicas". Lo presentaron con un video sin personas reales, solo imágenes generadas por IA, y con faltas de ortografía a pantalla completa: "PREDICIR". Un gobierno que promete predecir el futuro y no pasa el corrector ortográfico está diciéndonos algo sobre cómo toma decisiones. Hay que prestarle atención.

El gemelo digital no es el problema. El concepto existe hace décadas en ingeniería. Se usa para simular redes eléctricas, acueductos, transporte, logística. Un gemelo digital de la red de agua potable puede detectar pérdidas antes de que ocurran. Uno del sistema de transporte puede mejorar frecuencias y reducir tiempos. Eso sería usar la tecnología a favor de los argentinos, y lo aliento.

El problema empieza cuando el "gemelo" que se construye no es el de la infraestructura sino el de las personas: sus patrones de comportamiento, historial de salud, consumo, movimientos, relaciones, antecedentes y condición socioeconómica. Ahí ya no hablamos de modernización del Estado. Hablamos de otra cosa.

Llama la atención que "Digital Twin" —gemelo digital— es precisamente el nombre de uno de los productos existentes de Palantir, comercializado bajo su plataforma Foundry. No es un concepto genérico que el gobierno adaptó: es el nombre de un producto de una empresa específica. Y el anuncio llegó semanas después de que Peter Thiel, cofundador de Palantir, se instalara en Buenos Aires, comprara una residencia de USD 12 millones y se reuniera con Milei, con el Ministro de Economía Luis Caputo y con el canciller Quirno en Casa Rosada. No es casualidad de agenda.

Palantir nació en 2003 con financiamiento semilla de In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA. Sus contratos hablan por sí solos: USD 30 millones del ICE estadounidense para construir dossieres de migrantes a deportar; £330 millones del NHS británico para procesar datos clínicos de millones de pacientes, con tanta resistencia que el gobierno del Reino Unido hoy evalúa rescindir el contrato; contratos con la OTAN y con el ejército israelí. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal declaró en 2023 que el uso policial de su software era parcialmente inconstitucional. En New Orleans, Palantir operó en secreto durante seis años un sistema de policía predictiva que el propio Concejo Municipal desconocía.

El mes pasado publicaron un manifiesto donde afirman que "algunas culturas son disfuncionales y regresivas". Una diputada británica lo describió como "los desvaríos de un supervillano".

Pero esto no es una preocupación abstracta. El DNU 941/2025 obliga a RENAPER, Migraciones, ARCA, Aduana y más de quince organismos a abastecer datos a la SIDE —la misma SIDE que ese decreto habilita a aprehender personas sin orden judicial. Amnistía Internacional lo calificó de inconstitucional.

Y hace apenas tres semanas, la Corte Suprema falló en el caso Torres Abad que ceder datos personales entre organismos del Estado sin consentimiento del ciudadano es inconstitucional. El anuncio del Gemelo Digital lo ignora por completo.

El núcleo técnico del problema lo describió con precisión el ingeniero Ariel Garbarz: "Para el poder, una sociedad libre y dispersa tiene alta entropía. Palantir reduce esa entropía conectando DNI, CUIT, ANSES, salud, educación, migraciones, SUBE, cámaras y redes". Eso no es eficiencia. Es control.

Palantir: una amenaza para la democracia

Una empresa de vigilancia que nunca ganó una elección pretende definir quién es una amenaza. Palantir no vende software: vende una cosmovisión. Y el gobierno argentino le está abriendo la puerta con el DNU 941/2025. Soberanía digital o control corporativo.

Trabajadores Informáticos - Asociación Gremial de ComputaciónTrabajadores Informáticos

No estoy en contra de que el Estado use tecnología. Exijo que la use bien, en serio y a favor de los argentinos. Pero eso requiere condiciones que hoy no existen:

• Transparencia algorítmica: el ciudadano tiene derecho a saber cuándo un algoritmo influye en una decisión que lo afecta.
• Auditoría externa: no puede ser el proveedor ni el gobierno quien certifique que el sistema no hace scoring social ni vigilancia política.
• Marco regulatorio previo: Argentina no tiene ley de soberanía de datos ni régimen de gobernanza algorítmica. Implementar esto sin ese andamiaje es una irresponsabilidad.
• Jurisdicción sobre los datos: Palantir está sujeta al CLOUD Act de EE.UU. Si un juez norteamericano lo pide, entrega los datos. Los datos del Estado argentino deben quedar bajo jurisdicción argentina.

El video con faltas de ortografía no es un detalle gracioso. Es el síntoma de un método: el anuncio sin sustancia, la imagen sin ingeniería jurídica detrás, la modernidad de fachada. En este país, con esta historia, con el DNU 941/2025 vigente y el fallo Torres Abad siendo ignorado, eso no puede pasar desapercibido.

En el Congreso ya se comienza a exigir transparencia, legalidad y garantías de protección de derechos. Es el primer paso institucional. No debería ser el último.

No pedimos que no haya gemelos digitales. Pedimos saber quién construye el gemelo de los argentinos, con qué datos, bajo qué ley y con qué garantías de que ese modelo no va a decidir quién merece derechos y quién no.

Eso no es tecnofobia. Es democracia.

Luis Papagni — Consultor en Transformación Pública Digital · Presidente del Consejo Asesor del LITAT. @luispapagni

En el marco de la colaboración continua para fortalecer la formación y soberanía profesional de los trabajadores del sector, la AGC y el CPCI presentan una doble propuesta formativa en Pericias Informáticas e Informática Forense. La iniciativa contempla un seminario gratuito de introducción y una posterior capacitación intensiva de un mes con un importante descuento para los afiliados del Sindicato.

1. El primer paso: Webinar Gratuito "Perito Informático Forense"

Para conocer de cerca el rol del perito, el marco legal y presenciar demostraciones técnicas antes del inicio de la cursada formal, se invita a toda la comunidad al webinar de lanzamiento.

Temario del Webinar:

1. ¿Qué es Informática Forense y Peritaje?
2. Marco normativo y legal para el perito.
3. ¿Qué es una evidencia digital?
4. Fases de una investigación.
5. Demostración en vivo sobre el uso de las herramientas técnicas que se utilizarán durante el curso principal.

2. Curso Profesional de Pericias Informáticas

Diseñado para dotar a los profesionales de herramientas técnicas y legales indispensables para actuar en el ámbito pericial y judicial. Comienza el 2 de junio de 2026.

Perfil y campo de acción profesional

La capacitación está orientada a profesionales de las ciencias informáticas, electrónicas o personas con conocimientos tecnológicos mínimos (tanto hardware como software) que busquen desempeñarse como:

• Operadores judiciales en situaciones de conflicto relacionadas con bienes y servicios IT.
• Peritos judiciales en procesos oficiales.
• Consultores técnicos especializados en empresas.
• Investigadores internos de fraude en organizaciones.

Metodología y Materiales

La cursada combina clases virtuales en vivo (martes y jueves de 19:00 a 22:00 hs) y 12 horas asincrónicas para trabajos prácticos. Los alumnos contarán con un seguimiento proactivo de los profesores y recibirán un sistema operativo Linux con una distribución específica para análisis forense.

Temario General del Curso

• MÓDULO I: Introducción a las Pericias Informáticas, informática forense, marco legal y fases de la investigación.
• MÓDULO II: Etapas del proceso pericial, adquisiciones en equipos vivos/muertos (Triage) y preservación de la cadena de custodia (FTK Imager).
• MÓDULO III: Análisis forense de computadoras, virtualización y reconstrucción de datos con herramientas líderes del ecosistema libre (Eureka, Volatility y Autopsy).

Datos clave, Aranceles y Beneficio AGC

• Duración del curso: 1 mes (8 clases - 36 horas totales).
• Certificación: Emitida por el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas (CPCI), válida cumpliendo los requisitos de entrega y examen práctico.

Valores de la matrícula:

• Público General: $255.700
• Afiliados AGC (Beneficio por Convenio): $200.000

¿Cómo participar del Webinar o inscribirse al Curso?

Tanto el acceso al webinar gratuito cómo la reserva de vacantes para el curso se realizan completando nuestro formulario de inscripción. Para consultas y validación de tu beneficio como afiliado de AGC, comunicate por estos canales:

En un paso clave para fortalecer el vínculo entre el mundo del trabajo informático, la producción académica y el desarrollo soberano, el Consejo Asesor del LITAT realizó un nuevo encuentro presencial en las instalaciones del primer Centro de Procesamiento de Datos de la Provincia de Buenos Aires “Rebeca Cherep de Guber”, ubicado en la Ciudad de La Plata. La jornada no solo sirvió para que los miembros del Consejo puedan recorrer un ejemplo de política informática y tecnológica soberana, sino también para oficializar la incorporación de nuevos integrantes que aportan una profundidad técnica y analítica de primer nivel a este espacio recientemente conformado.

El encuentro fue encabezado por el Secretario General del Sindicato informático Ezequiel Tosco, el presidente del Consejo asesor del LITAT Luis Papagni y contó con la presencia de los secretarios adjuntos y de la actividad de la AGC, Jorge Julián y Juan Manuel Padilla respectivamente y el secretario gremial Manuel Alonso.

El Consejo del LITAT crece: cinco especialistas de peso se incorporan

El Consejo incorporó formalmente a cinco figuras de trayectoria robusta en sus respectivos ámbitos de especialización, garantizando una mirada multidisciplinaria sobre el complejo mapa tecnológico actual:

• Sandra D’Agostino: Subsecretaria de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires
• Andrés Bursztyn: Ingeniero en Sistemas de Información, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires (UTN-FRBA).
• Francisco Capurro Robles:  Decano del Instituto de Tecnología y Producción de la Universidad Nacional del Delta (UNDelta).
• Mariano Zukerfeld: investigador del CONICET, profesor a cargo de la cátedra  Informática y Relaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
• Federico Montagna: Miembro investigador del CIDISP. Delegado sindical de UPCN Delegación General Desarrollo Social.

Estas incorporaciones refuerzan el perfil del Consejo como un "laboratorio de ideas" que busca elevar  el nivel de la discusión sobre la actividad informática en Argentina y extenderla a la mayor cantidad de actores posibles.

Soberanía digital: el eje de trabajo que define la agenda del Consejo

Luego del acto de incorporación formal de los nuevos integrantes y de las palabras de Ezequiel Tosco, quien instó a ampliar la acción del Consejo con perspectiva federal y reafirmó el rol de los trabajadores informáticos en el desarrollo tecnológico nacional, los miembros del Consejo avanzaron con la discusión y puesta en común de un documento de posicionamiento estratégico relativo al eje de la Soberanía Digital, que será presentado de modo público próximamente.

Este material abordará desde una perspectiva crítica y pormenorizada, las problemáticas transversales del sector, el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y las propuestas normativas que la organización gremial y el Consejo impulsan para garantizar un desarrollo informático con justicia social que garantice la soberanía nacional.

Con estas incorporaciones y el trabajo en marcha, el Consejo Asesor del LITAT reafirma su rol como un actor central en la construcción de una comunidad informática organizada, capaz de dialogar de igual a igual con el Estado, las empresas y el sector científico.

Del debate a la infraestructura: recorrido por el Datacenter provincial

La jornada finalizó por un recorrido pormenorizado por las instalaciones del Datacenter a cargo de su responsable Alejandro Steinmetz, director provincial de Sistemas de la Información y responsable del Centro, que además de resaltar y profundizar en las condiciones técnicas acordes a la media internacional, destacó la importancia en cuantos  ahorro económico y sobre todo, soberanía y cuidado de los datos críticos de la ciudadanía y el Estado, para la gestión e implementación de políticas públicas, que el Datacenter posibilita.