Mercado Pago, tasas de usura y subsidios del Estado: lo que los medios están dejando afuera
La polémica por las tasas de interés y el nivel de endeudamiento que genera Mercado Pago está en el centro de la escena nacional. Una reciente denuncia penal contra las plataformas fintech expuso cómo el crédito caro se expande sobre hogares acorralados por la pérdida de ingresos y la exclusión del sistema bancario tradicional.
El debate es urgente y necesario. Sin embargo, desde la Asociación Gremial de Computación advertimos que la discusión pública está dejando afuera dos dimensiones estructurales del problema: los multimillonarios subsidios que la empresa recibe del Estado argentino y la precarización de los trabajadores informáticos que construyen y sostienen su infraestructura día a día.
El disparador: crédito caro y morosidad sin freno
La denuncia que sacudió al sector financiero expone una realidad que los datos ya venían anticipando. Según relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad de las familias que operan con billeteras virtuales se disparó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de 2026, superando incluso los picos registrados durante la pandemia.
En Argentina, el Costo Financiero Total (CFT) Efectivo Anual de las fintech puede superar el 1.375%, mientras que en países de la región como Brasil la cifra para el mismo producto ronda el 63%. Esta diferencia abismal no responde a costos operativos ni a riesgos de mercado: es el resultado directo de la desregulación impuesta por el DNU 70/2023, que eliminó los topes a las tasas de interés que protegían a los consumidores.
Hoy, la división financiera de Mercado Pago representa el 64,3% de la facturación de Mercado Libre en el país, duplicando a su tradicional plataforma de comercio electrónico. La empresa más valiosa de Argentina se transformó en una fintech financiera que presta plata cara a los sectores más vulnerables, operando con beneficios del Estado y sin marco regulatorio laboral para sus profesionales de sistemas.
Evolución de Beneficios Fiscales Recibidos (2023 - 2026)
Exenciones impositivas por la Ley de Economía del Conocimiento (en Millones de USD)
Subsidios que nadie audita: $68.000 millones en seis meses
Mientras la opinión pública discute el impacto del endeudamiento, el balance semestral presentado por Mercado Libre ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos revela datos contundentes sobre la ayuda estatal que recibe la compañía.
Solo en los primeros seis meses de 2026, la empresa se benefició con 42 millones de dólares (unos $68.000 millones de pesos) en exenciones fiscales otorgadas por el Estado argentino bajo el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento:
- USD 29 millones eximidos en el Impuesto a las Ganancias.
- USD 13 millones no ingresados en concepto de contribuciones patronales.
Este auxilio por parte del Estado nacional no es excepcional. En los últimos tres años, las exenciones impositivas a la compañía superaron los 250 millones de dólares. En 2025, concentró casi el 20% de la totalidad de los beneficios fiscales destinados por el país a impulsar la industria tecnológica.
La Ley de Economía del Conocimiento fue diseñada con un espíritu claro: promover empleo de calidad, capacitación e inversión interna. Cabe preguntarse: ¿quién audita si esos recursos fiscales se traducen en mejores condiciones de trabajo o si solo inflan los márgenes de ganancia corporativos?
El sector informático desde adentro: sin convenio, sin paritarias, sin voz
Detrás de la aplicación de Mercado Pago hay miles de desarrolladores, ingenieros de software, analistas de datos e infraestructura que diseñan, mantienen y garantizan la operatividad del sistema. La realidad de estos trabajadores refleja el problema de fondo de la industria IT en Argentina.
Mercado Libre mantiene a sus profesionales informáticos fuera de todo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Bajo la retórica noventosa del empleado "colaborador" y la "cultura startup", la empresa ha obstaculizado por más de dos décadas el ejercicio de los derechos colectivos y la elección de delegados sindicales.
Esta política de exclusión es idéntica a la que mantiene en el fuero financiero, donde disputa el encuadramiento de 7.500 trabajadores con La Bancaria. Sin embargo, en el terreno de la informática el impacto es desolador:
La realidad de los trabajadores en Mercado Pago
Tres dimensiones de la precarización que el debate público suele ocultar
Cero negociación paritaria
Los aumentos salariales, las reestructuraciones de equipos o los congelamientos son fijados de forma unilateral por la gerencia. Sin marco normativo ni Convenio Colectivo, la empresa decide los ingresos sin negociación.
Desprotección ante despidos
Cuando la empresa decide ejecutar recortes —como los ocurridos a principios de 2026—, los profesionales de sistemas carecen de resguardo institucional o de una mesa de negociación para frenar la arbitrariedad.
Financiamiento público a la arbitrariedad
El Estado argentino subsidia con dinero público (vía exenciones impositivas por la Ley de Economía del Conocimiento) a una firma que niega la organización sindical y los derechos colectivos a sus propios empleados.
Las preguntas clave que la AGC lleva al debate público
Desde el sindicato de los informáticos no nos oponemos al desarrollo tecnológico ni a las plataformas digitales. Por el contrario: exigimos que el crecimiento tecnológico del país sea sostenible, ético y justo tanto para los usuarios como para quienes programan la tecnología.
Frente a la coyuntura actual, desde la AGC planteamos interrogantes urgentes para la agenda política y económica:
¿Por qué el Estado subsidia masivamente a una empresa ultra rentable que niega la representación colectiva a sus informáticos?
¿Por qué los organismos de control no condicionan los beneficios fiscales al cumplimiento estricto de estándares laborales y paritarios?
¿Hasta cuándo se permitirá que la innovación tecnológica se financie sobre la base del endeudamiento familiar y la precarización laboral en sistemas?
La soberanía tecnológica de la Argentina no se construye transfiriendo recursos públicos a gigantes financieros, sino impulsando una industria con empleo formal, salarios dignos y derechos laborales protegidos por Convenio Colectivo.
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