La Fiscalía del Trabajo ratificó la personería gremial de AGC en un sólido dictamen
En el mes de septiembre, desde la Asociación Gremial de Computación, presentamos una acción de amparo por comportamiento antisindical contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por su negativa a convocar a la mesa convencional y, por consiguiente, que los informáticos podamos abrir nuestra mesa paritaria y contar con un convenio colectivo de trabajo. La acción de amparo responsabilizaba al Ministro de Trabajo, en ese momento Claudio Moroni, y funcionarios subordinados por comportamiento antisindical.
Según la presentación judicial del sindicato, el Ministerio incurre en un entorpecimiento para con el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores informáticos por cuanto se niega a realizar el llamado a la mesa convencional de la actividad informática, como lo obliga la ley.
El Ministerio de Trabajo argumentaba que la personería se encontraría “suspendida” y que, por ello, no correspondía convocar.
Si bien la cuestión de fondo del amparo está aún por ser resuelta, el fiscal Javier Fernández Madrid, de la Fiscalía Nacional del Trabajo N° 4, dictaminó el pasado 17 de octubre que de ningún modo se encuentra suspendida la personería gremial, “por cuanto nada dicen las leyes 23.546 y 23.551 al respecto” y continuó en sugerir que el Ministerio cumpla en convocar a la negociación colectiva. Afirmó, además, que si se bloqueara la convocatoria de la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo “se encuentra comprometido el Convenio N 98 de la OIT y los principios básicos de la libertad sindical”. Se trata de un dictamen de solidez doctrinaria, dado que constituye un valioso antecedente de un miembro del Ministerio Publico ante la Justicia Nacional del Trabajo en afirmar categóricamente que no sólo se encuentra en perfecta vigencia la personería gremial de AGC, sino que nada dicen al respecto las leyes que regulan el asunto en cuestión. Más aún, señala con acierto que se encuentran en riesgo convenios nodales de la OIT, a los que la Argentina otorga rango constitucional.
En palabras del Secretario General de AGC, Ezequiel Tosco: “Esto demuestra que la actitud del anterior ministro, Claudio Moroni, y sus subordinados, atentaron abiertamente contra los intereses y los derechos de los trabajadores informáticos. Confiamos en que la nueva ministra Kelly Olmos cumplirá con la ley, fuera de toda presión política y empresaria, y convocará a la mesa convencional de los informáticos”
La actividad informática emplea alrededor de 141.000 trabajadores que se encuentran hoy, en su mayoría, fuera de convenio e imposibilitados de contar con paritarias, obra social y demás derechos que trae aparejado encontrarse bajo el paraguas de un Convenio Colectivo de Trabajo.