La Asociación Gremial de Computación ha presentado una Solicitud de Investigación Sumarial ante el Ministerio de Economía de la Nación , dirigida al Licenciado Luis Andrés Caputo, por incumplimiento de la Ley N° 27.506 (Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento).
La denuncia no solo es masiva —abarcando 128 empresas— sino que tiene como caso testigo a una de las máximas autoridades del sector: una de las empresas señaladas, QServices, es liderada por Pablo Fiuza, actual presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).
El fraude que mina la credibilidad del sector
La AGC denuncia que estas 128 empresas, incluyendo a la corporación vinculada al presidente de CESSI, están incumpliendo la obligación esencial de mantener y/o incrementar su nómina de personal.
Este requisito, estipulado en el Artículo 4°, apartado III, de la Ley 27.506, es la columna vertebral del régimen. Las empresas reciben beneficios fiscales gigantescos (como la reducción de hasta el 80% de las contribuciones patronales a través del Bono de Crédito Fiscal) bajo la promesa explícita de generar y sostener empleo de calidad.
Las denuncias anteriores de la AGC —que tuvieron un impacto en el Congreso — ya revelaron que corporaciones como Globant utilizaban los subsidios para proteger su caja financiera mientras realizaban despidos masivos.
La Solicitud Sumarial: sin margen para la impunidad
La Solicitud de Investigación Sumarial es un instrumento legal de alta gravedad que busca determinar la existencia de incumplimientos graves que, según la ley, pueden llevar a dos consecuencias directas:
- Decaimiento de Beneficios: Si la reducción de personal excedió los sesenta (60) días, las empresas pierden de pleno derecho su inscripción.
- Devolución Retroactiva (Clawback): Las empresas podrían ser obligadas a devolver la totalidad del Bono de Crédito Fiscal y los beneficios utilizados desde el inicio del incumplimiento.
La AGC ha solicitado formalmente a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento las siguientes medidas:
- Auditoría Específica: Iniciar un procedimiento de auditoría a cada una de las 128 empresas.
- Pericia Contable/Revisión Analítica: Solicitar información a la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO para cotejar de forma fehaciente las nóminas de personal y la reducción de plantilla.
- Libre Deuda Gremial: Intimar a las empresas a presentar este documento para acreditar el normal cumplimiento de sus obligaciones gremiales, como lo exige la ley.
El rol de la AGC: defender el empleo genuino
El objetivo de esta presentación es proteger el empleo genuino y asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El sector de la economía del conocimiento posee un alto potencial, pero su desarrollo debe ser legítimo. La distorsión y asignación sin causa de fondos públicos podría incluso constituir un delito de naturaleza federal.
La AGC continuará utilizando todas las herramientas legales y gremiales para exponer a quienes utilizan los subsidios estatales para el fraude y la precarización, mientras presionan por normativas aún más flexibles (como la Zona Franca Digital). La defensa del trabajo informático está en la organización y el control.
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